La alcaldesa de Corral de Almaguer (Toledo) y senadora del PP, Juliana Fernández de la Cueva, acusada de prevaricación al quitar multas de tráfico a cuatro ciudadanos a quienes supuestamente quiso de este modo favorecer, ha declarado este lunes ante el Tribunal Supremo sobre este asunto.

El Supremo admitió a trámite la querella de su Fiscalía contra De la Cueva el pasado mes de julio y este lunes el magistrado José Manuel Maza, encargado del caso, escuchará a la implicada antes de decidir si se tramita el suplicatorio contra la senadora para inculparla o, por el contrario, se archiva la causa.

Se trata de una declaración voluntaria por parte de la alcaldesa y en ella le acompañará su teniente de alcalde Vicente González Ramírez.

El auto del Supremo admitiendo la querella se hizo eco del relato del fiscal, según el cual la senadora y alcaldesa, así como su teniente de alcalde, utilizaron sus competencias en seguridad vial para retirar cuatro sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol, sin cinturón o de forma temeraria. El delito de prevaricación está castigado con inhabilitación de hasta diez años.

Según la querella del fiscal, la alcaldesa, a propuesta de Vicente González y "con ánimo de favorecer a los cuatro sancionados, y en clara contravención de lo legalmente establecido", retiró en 2013 las multas y la pérdida de puntos, aceptando las alegaciones de los afectados.

Y eso lo hizo a pesar de que los sancionados "ya habían optado por el procedimiento abreviado, previsto en el artículo ochenta del referido texto normativo, y habían abonado la multa propuesta, con una reducción del cincuenta por ciento", dice la querella.

"Una vez abonada la multa, beneficiándose el interesado de la reducción del cincuenta por ciento, el expediente había finalizado, alcanzando la sanción el carácter de resolución firme en vía administrativa", añade.

"Los acusados no podían, en modo alguno, dejar sin efecto, tras la indebida estimación de unas alegaciones que ya no podían formularse, la sanción, consistente en la reducción de puntos antes referida", señala la querella.

Según la querella, el delito a investigar sería el de prevaricación, sobre el cual dice el Código Penal que "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo, será castigada con la pena de inhabilitación especial para empleo de cargo público por tiempo de siete a diez años".