Andalucía garantiza por ley el derecho a una vivienda

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer una ley que garantiza que los ciudadanos puedan reclamar ante los tribunales el derecho que tienen reconocido en el Estatuto de Autonomía a una vivienda digna y de calidad. Cualquiera que cumpla los requisitos para pedir una Vivienda de Protección Oficial (VPO) podrá acudir a los tribunales en caso de que su ayuntamiento no destine a este fin el suelo necesario para exigir que lo haga.

Cada municipio deberá elaborar un registro público de demandantes de vivienda. Estar apuntado en él es lo que confiere el derecho a reclamar ante los tribunales. A partir de la entrada en vigor de la ley, ningún ayuntamiento podrá adjudicar una vivienda a un vecino que no esté apuntado. A día de hoy, más de 700 municipios, que abarcan al 95% de toda la población, ya están elaborando los registros.

Cuando empezó a gestarse esta norma, en otoño de 2007, con Manuel Chaves de presidente, el acceso a la vivienda se había convertido en el principal problema de los andaluces. Su redacción respondía a una situación muy distinta.

Las encuestas del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) decían que un 85% de los andaluces tenía unos ingresos inferiores a los 35.000 euros anuales. El Euribor y los precios del suelo y de los pisos estaban por las nubes, y los créditos obligaban a destinar durante 40 años hasta el 50% del sueldo a la compra de una casa.

La solución fue diseñar una norma que hiciese realidad el derecho a una vivienda recogido en la Constitución española y en el Estatuto andaluz. Una legislación que obligase a los ayuntamientos a poner suelo barato a disposición de los promotores y a estos a utilizarlo para construir viviendas protegidas (VPO).

En septiembre de 2007, cuando empezaba a ser evidente para casi todos que la burbuja inmobiliaria estallaría, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ponía en marcha el anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, que el Parlamento andaluz convirtió ayer por fin en ley. "Una ley no se aprueba todos los días", manifiesta el consejero de Vivienda, Juan Espadas, a todo el que le quiere oír.

Un estado de ánimo que se apoya en la seguridad de que hoy las probabilidades de éxito de la ley son mucho mayores, ya que los promotores, con el mercado de vivienda libre paralizado, se han volcado en la construcción de VPO. Espadas lo ilustra con cifras: "En 2007, ni el 1% de las viviendas que se construían era VPO, y el 70% de ellas era de iniciativa pública. Hoy, de las 38.000 VPO aprobadas, el 70% es de iniciativa privada".

El ordenamiento urbanístico ya obligaba a reservar un 30% del suelo para las VPO, pero, en la práctica, nunca se desarrollaban. Nadie estaba dispuesto a invertir en ellos cuando los grandes beneficios estaban en la vivienda libre. ¿Cómo impide la nueva ley que suceda lo mismo cuando el sector inmobiliario remonte?

El primer plazo se cumple dentro de dos años, que es el tiempo que concede la norma a todos los ayuntamientos para elaborar un plan de vivienda y suelo que establezca el número y tipo de viviendas necesarias para atender la demanda de sus vecinos, desde su tamaño hasta cuántas salen en régimen de compra o alquiler (con o sin opción de compra).

El segundo será el que establezca la propia planificación de cada ayuntamiento, ya que cada plan no sólo deberá reservar suelo para VPO, sino que debe incluir plazos y fechas concretas para la construcción de las viviendas. Si se incumple, podrá acudirse al juez.