MADRID.- El 15 de octubre de 1940, hace justo 75 años, Lluís Companys fue fusilado por ser el president de Catalunya. Víctima, entre otras tantas, del castigo de Franco a los supervivientes de la República, se convirtió en el único presidente europeo elegido democráticamente y fusilado por el fascismo. Este jueves, representantes de las instituciones catalanas y políticos de diversas sensibilidades le rendirán homenaje en su tumba, pero este año no será como todos los años. Además de la conmemoración de una fecha redonda como es el 75º aniversario, la efeméride coincide con la declaración ante los juzgados del president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, por poner las urnas el 9-N.

"Quiero creer que simplemente es fruto de la ignorancia de los jueces o funcionarios que desconocen que el 15 de octubre, durante décadas, es fecha de lucha y protesta por una ejecución absolutamente injusta", apunta a Público Josep Maria Figueres, doctor en historia moderna y contemporánea y profesor de Historia del Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

El asesinato de Companys fue el escarmiento de Franco a la Catalunya derrotada. Como cuenta Mirta Núñez Díaz-Balart, historiadora y profesora titular de Historia en la Universidad Complutense de Madrid, la intensa persecución a los políticos de la República pretendía "enseñar al pueblo vencido la suerte que corrían sus representantes democráticos".

Companys fue detenido por la Gestapo el 13 de agosto de 1940 en la Bretaña francesa. Días después, fue entregado a España y pasó dos meses en la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol de Madrid, donde fue torturado hasta la saciedad. Tras un juicio sumarísimo en el castillo de Montjuïc —utilizado antes como cárcel— fue condenado a morir fusilado.

Mirta Núñez Díaz-Balart: "El Gobierno franquista buscaba enseñar al pueblo vencido la suerte que corrían sus representantes democráticos"

La figura de Lluís Companys —que además de presidente de la Generalitat, fue regidor del Ayuntamiento de Barcelona, diputado en el Congreso, diputado en el Parlamento, gobernador civil, ministro de la Marina y presidente del Parlament— representa, según Figueres, "una voluntad de ruptura" entre el régimen tradicional y el mundo de la modernidad que encarna la II República, es decir, las nuevas relaciones sociales, la estructuración de un estado basado en el respeto, la separación entre Iglesia y Estado, la reforma agraria y del ejército y el fin de los conflictos coloniales.

Además, tenía mucha influencia en las masas populares. En primer lugar, por fundar la Unió de Rabassaires, un sindicato de viticultores no propietarios surgido en 1922. En segundo lugar, por las detenciones y estancias en prisión, que le dieron "una aura de compromiso y fidelidad", señala Figueres. Y en tercer lugar, por la vinculación al periodismo comprometido, que lo hizo popular –dirigió el periódico Última Hora durante los años treinta— y querido. ¿"Cómo se explican, sino, los centenares de miles de personas que lo recibieron en 1936 al salir de la prisión tras proclamar el Estado catalán o la identificación con su espíritu de lucha y mejora social?", se pregunta Figueres, autor del libro Lluís Companys: de la revolució social al nacionalisme (Editorial Base).

Por todo ello, pero sobre todo por ser un político al servicio de las clases populares, Companys se convierte en un personaje político muy conocido en todo el Estado. El catedrático de Historia Contemporánea Ángel Duarte explicó a Público recientemente que Companys "resuelve en clave republicana y española las contradicciones de su tiempo desde un patriotismo que participa de la identificación entre república e izquierdismo". Colaboró con el diario Nueva España y se implicó en octubre de 1934 con los obreros de Asturias "teniendo que sufrir el estigma de ser considerado por indocumentados como un líder separatista cuando sólo aspiraba a la restitución de los valores de la República", apunta Figueres.

Josep Maria Figueres: "Companys representa una voluntad de ruptura entre el régimen tradicional y el mundo de la modernidad que encarna la II República"

Companys fue líder de la minoría catalana en las Cortes en 1931, cuando su segunda esposa —militante de Estat Català— lo acabó de atraer hacia posiciones más catalanistas. Esta tendencia creció aún más después de ser elegido presidente del Parlament en 1932, y de sustituir a Francesc Macià en la presidencia de la Generalitat el 25 de diciembre de 1933. "Evolucionó en clave nacionalista; el sujeto de soberanía pasó a ser el pueblo de Catalunya, pero la condición republicana no se anuló. Sólo empalidece ante la fuerza arrasadora de su catalanismo", apunta Duarte. 

Sin embargo, la "estrategia de caza" —como la llama Núñez Díaz-Balart— que emprendió el Gobierno franquista contra los políticos que habían sido elegidos en el periodo republicano no tiene que ver con el nacionalismo ni con Catalunya. Fue un plan sistemático de ejecuciones para la propaganda del estado franquista. En esa misma línea, sigue la profesora de la UCM, el régimen también fusiló a Julián Zugazagoitia, que fue ministro de Gobernación, y al diputado republicano Martín Muñoz, además de a multitud de regidores y alcaldes, sólo por considerar que "la República era la causante de todos los males de España". 

Desde que se instauró la democracia, ERC batalla por lograr la anulación del consejo de guerra que llevó a Companys a la muerte. Incluso se ha querellado en Argentina contra el Estado español para pedir la anulación de ese juicio a Companys y a otros 45 cargos republicanos fusilados por el franquismo, sumándose a una querella abierta por las víctimas de la dictadura. El diputado de ERC Joan Tardà recuerda a Público que la Ley de Memoria Histórica califica los tribunales franquistas de "ilegítimos", pero no los considera "ilegales". Ese es el motivo por el cual no se pueden anular y lo que llevó a ERC a acudir a la justicia extranjera.

Lo mismo sucede con el reconocimiento a las víctimas. "Como no están reconocidas jurídicamente, no pueden hacer uso de sus derechos civiles y democráticos para denunciar al Estado", relata Tardà, quien, a pesar de reconocer que la Ley de Memoria Histórica fue aprobada por la mayoría del arco parlamentario, "ha resultado ser un tapón porque se basa en la Ley de Amnistía de 1977". 

El diputado de ERC tilda de "lastimoso" que España sea "el único país con pasado fascista que no ha reconocido jurídicamente a sus víctimas". Por ello, insiste Tardà, la justicia universal y el reconocimiento de las víctimas del franquismo "estarán muy presentes en el debate constituyente que se iniciará en Catalunya en los próximos meses"