El director, el médico y el hijo del dueño de la residencia de la tercera edad 'San Lorenzo de Brindis', en el municipio valenciano de Massamagrell, han aceptado una pena de un año y medio de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente por el incendio ocurrido en 2006, que se saldó con cinco internos —discapacitados físicos— fallecidos.

No obstante, al no tener antecedentes, eludirán el ingreso en prisión. La pena cuenta con el atenuante de dilaciones indebidas y reparación del daño.

Asimismo, el dueño de este establecimiento tendrá que pagar una multa con una cuota diaria de 9 euros durante dos meses —lo que asciende a 540 euros— por cinco faltas de imprudencia, tal y como han acordado las acusaciones y las defensas este jueves en el juzgado de lo penal número 12 de Valencia. Por su parte, la enfermera acusada en este procedimiento por parte de la acusación particular ha sido absuelta de los delitos que se le imputaban.

Las acusaciones y defensas estuvieron este miércoles debatiendo a puerta cerrada en el juzgado con el objetivo de llegar a una conformidad, lo que implicaba reconocer los hechos pero, al mismo tiempo, una rebaja de la pena. Es lo que se ha acordado hoy, puesto que el ministerio fiscal pedía siete años y medio de prisión para cuatro de los cinco responsables —exceptuando a la enfermera— por los cinco delitos de homicidio imprudente.

El ministerio público también reclamaba una indemnización de 120.000 euros para los herederos de tres de los cinco fallecidos, puesto que los familiares de los otros dos no reclamaron. Esta cantidad solicitada se ha respetado.

Milagrosa Villaescusa, la madre de uno de los internos que falleció en la residencia, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que se siente 'mal' por todo lo que ocurrió pero que 'dentro de lo malo va pasando el tiempo'. También ha comentado que se podría haber evitado el accidente si hubiera habido algún médico o enfermera en la habitación contigua en la que se encontraban ese día los enfermos.

El siniestro tuvo lugar el 28 de junio de 2006. Los acusados habían acordado que cuando los enfermos se encontraran en la enfermería de la residencia y no estuviera con ellos ninguna persona, se debía cerrar con llave la puerta, que unía la enfermería con el pasillo.

Ese día se encontraban en la enfermería cinco internos, entre ellos un hombre de 30, quien padecía un trastorno de personalidad y retraso mental leve. Como éste hombre había tenido esa tarde una actitud violenta, había sido sedado por parte de uno de los acusados y atado a la cama con correas ajustadas a las muñecas de sus brazos y tobillos de sus piernas.

Sobre las 19.20 horas consiguió desplazar la cama y coger el cable eléctrico que alimentaba el compresor de aire a presión que se encontraba funcionando conectado al colchón antiescaras en la cama, y ante alguna anomalía eléctrica se desencadenó un sobrecalentamiento por resistencia. Esto provocó el incendio, según mantiene el fiscal.

Como consecuencia del fuego, fallecieron las cinco personas que se encontraban en ese momento en la enfermería por una insuficiencia respiratoria aguda, lo que les produjo una asfixia. En el momento de producirse el incendio los enfermos se encontraban en la enfermería sin vigilancia alguna y con la puerta cerrada con llave.