El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, tendrá que seguir en prisión. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó en un auto todas sus alegaciones, incluida la de padecer crisis de ansiedad, puesto que es la 'propia de la privación provisional de libertad general a todo preso preventivo y puede ser tratada adecuadamente en el medio penitenciario'.

La resolución insiste en la legalidad de las intervenciones telefónicas acordadas por el primer instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, salvo las anuladas por la Sala, es decir, las que mantuvieron con sus abogados los tres imputados presos: Correa, el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo, y el primo del primero acusado de actuar como su testaferro, Antoine Sánchez.

'En este sentido afirma la resolución fechada el 2 de julio, pero notificada a las partes, debe destacarse que en diversas conservaciones telefónicas (cuya licitud ha sido expresamente declarada por la Sala) mantenidas en 2008 y a principios de 2009, se constató' que Correa 'mostró una predecible intención de ubicar su residencia en el extranjero, efectuando diversas inversiones inmobiliarias en Colombia y actividades en Panamá, habiéndose localizado activos superiores a 17 millones de euros en Suiza.'

Precisamente la semana pasada declaró ante el juez un nuevo imputado, el empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro, a quien se acusa de ayudar a Correa en las gestiones que realizó encaminadas a lograr la residencia en un país suramericano y a adquirir propiedades en países de ese continente.

La Sala recuerda las 'evidencias patrimoniales y activos descubiertos fuera de España', pese a la 'penosa y difícil localización' que plantean, al encontrarse en paraísos fiscales, para hacer hincapié en el riesgo que existe de que Correa se fugue, siga delinquiendo o destruya pruebas, si queda en libertad. Por eso, en ningún caso su encarcelamiento obedece como alega la defensa, que ejerce el letrado José Antonio Choclán al cumplimiento anticipado de la pena, sino a que el imputado esté presente en el juicio que se celebrará.

El auto, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Suárez Robledano, también considera proporcionada la prisión de Correa por 'la gravedad de los plurales delitos que se le imputan', por los que le ha sido impuesta una fianza pecuniaria de 85 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad a la que puede ser condenado.

La Sala explica también que se debe al respeto que le merece la defensa de las partes, pero también 'el derecho de la sociedad a aclarar las hipotéticas responsabilidades indiciariamente ya apreciadas y que se han ido consolidando en el tiempo'.

Con estos mimbres, el tribunal niega otro de los argumentos de la defensa. Para hacerlo señala que, a medida que han avanzado las investigaciones, Correa 'aparece como el principal responsable de la red de corrupción' desarticulada, por lo que 'no merece un trato igual al de otros responsables imputados en la causa'.

La defensa también recurría a la anulación de las conversaciones con abogados realizadas en la cárcel. La Sala le recuerda que los indicios existentes contra Correa son anteriores o no se ven afectados por ellas, sin perjuicio de lo que resuelva el incidente de nulidad de actuaciones abierto tras aquella decisión.