Aprobada la ley que 'adelgaza' los bollos y chuches en los colegios

El Congreso ha dado hoy luz verde, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que prohíbe la venta de alimentos y bebidas con alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Los niveles permitidos de estas sustancias en la bollería, las chucherías o los refrescos que se suministren en las escuelas infantiles tendrá que fijarlos ahora el Gobierno mediante un desarrollo reglamentario de la ley.

Los grupos parlamentarios han rechazado una enmienda aprobada en el Senado, que incorporaba el término "añadidos" a los azúcares. La nueva norma obliga también a los centros escolares a elaborar menús especiales para celíacos (intolerancia al gluten) al incorporarse una enmienda procedente del Senado. Durante el debate de las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta, en el que ha intervenido la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, todos los grupos han coincidido en valorar la necesidad de la ley y han destacado su importancia.

En la lucha contra la obesidad, la normativa exige menús infantiles que respondan a un correcto equilibrio nutricional y vela también por impulsar la actividad física. Con el objetivo de disponer de información, se prevé la creación de un observatorio de la nutrición y de estudio de la obesidad, que obtendrá los datos de la realidad existente.

La ley incide además en el establecimiento de procedimientos de actuación en supuestos de crisis o emergencias, así como en la exigencia de que la publicidad sobre alimentos sea "veraz y exacta". En este sentido, el diputado de IU Gaspar Llamazares ha lamentado que la ley no haya ido más allá respecto a la publicidad, sobre todo la dirigida a los niños, teniendo en cuenta la alta prevalencia en España de la obesidad infantil.

Por su parte, la diputada del Partido Popular, Belén Docampo, ha considerado que la ley debería ser más ambiciosa y menos intervencionista "en algunos casos", y se ha mostrado en contra de que el Gobierno imponga la prohibición a los centros escolares de vender ciertos alimentos y bebidas.