Este artículo se publicó hace 16 años.
Aragón descarta llevar al TC el minitrasvase a Barcelona
Su informe jurídico no ve razón para impugnar la captación de agua del Ebro
No es sólo una cuestión de nomenclatura. El Gobierno de Aragón conoció el contenido del informe encargado a sus servicios jurídicos sobre el alargue del minitrasvase del Ebro que debe llevar agua a Barcelona a partir del mes de octubre. La conclusión es clara: la tubería de 60 kilómetros que unirá Tarragona y Olèrdola no es un trasvase. Y por tanto, no interpondrán recurso de inconstitucionalidad contra la cesión de agua a Barcelona aprobada en el Congreso la pasada semana.
El informe afirma que la solución de emergencia pactada entre el Gobierno y la Generalitat para prevenir cortes en el suministro de agua en Barcelona a partir de octubre no puede considerarse jurídicamente una "transferencia de recursos hídricos" ni un "trasvase", sino una "conexión de sistemas dentro de la misma Demarcación Hidrográfica de las cuencas internas de Catalunya".
El Estatuto de Aragón se postula en contra de los trasvases, por lo que si la tubería que unirá la cuenca de Tarragona con la de Barcelona hubiera recibido tal consideración, el gobierno presidido por el socialista Marcelino Iglesias se hubiera visto obligado a interponer recurso ante el Tribunal Constitucional.
Luz verde a las obrasEl estudio concluye también que el decreto garantiza que se trata de medidas excepcionales y urgentes y que no se efectúa ningún incremento de volúmenes de agua cedidas por el Ebro a las cuencas catalanas. Asimismo, la infraestructura prevista desde Tarragona a Barcelona queda fuera de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la demarcación hidrográfica del Ebro, por lo que no será necesaria la emisión de un informe previo a unas obras que deben iniciarse cuanto antes.
El aspecto que más preocupa al Ejecutivo aragonés es que la actual situación pueda abrir la veda a una escalada en la compraventa de derechos de agua. A este respecto, el informe hecho público señala que la Comunidad Autónoma de Aragón deberá realizar un informe previo a cualquier contrato de cesión de derechos que se pretenda llevar a cabo, de acuerdo con lo que se indica en el Estatuto de Autonomía.
La cesión de agua a Barcelona tiene un último escollo a superar en un segundo informe encargado por el mismo Gobierno de Aragón.
Un Estatuto contra los trasvasesARTÍCULO 19.2
Caudales fijos
“Los poderes públicos velarán por (...) la fijación de caudales ambientales apropiados (...)”.
Artículo 19.3:
No a los trasvases
“Corresponde a los poderes públicos aragoneses (...) velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma (...) atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”.
Artículo 72.3
Informes preceptivos
“Para la defensa de los derechos relacionados con el agua (...) la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica (...)”.
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