Arenas acusa a Chaves y Griñán de "conocer y tapar" los falsos ERE

En su labor de oposición al hilo del escándalo por las prejubilaciones falsas, el PP prefiere arriesgarse a pecar por exceso que por defecto. La estrategia pasa por no permitir ni un día de respiro al adversario ni en Sevilla ni en Madrid y en apuntar alto. Muy alto. El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, señaló este domingo a José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, y a Manuel Chaves, antecesor de este y vicepresidente tercero del Gobierno, como "responsables políticos" del escándalo. Y no sólo por la culpa in vigilando, tan invocada estos días. Sino por algo más. Durante un acto público celebrado ayer en Sevilla, Arenas afirmó que la responsabilidad de ambos consiste en "haber conocido los procedimientos que había en marcha y haberlos tapado".

Si la estrategia política del PP está clara, el PSOE comienza ya a superar las vacilaciones y a consolidar su discurso sobre el tema. Con dos pilares: defender su respuesta firme ante la corrupción y acusar al PP de sobredimensionar el caso con insidias e incluso con mentiras. A la misma hora, mediodía, en que Arenas tenía convocado su acto en Sevilla, comparecía ante los medios en Almería Mar Moreno, consejera andaluza de Presidencia. Intentar implicar a Griñán, consejero de Economía y Hacienda en la legislatura 2004-2008, es "absolutamente impresentable y retorcido", según Moreno. "Es ridículo, exagerado y no tiene fundamento. Es como si intentáramos hacerlo nosotros con Arenas porque fue ministro de Trabajo [de 1996 a 1999]. Es una estrategia de desgaste", añadió Moreno, que defendió la reacción del PSOE y la comparó con la del PP en Valencia o Baleares, donde "arremeten contra los juzgados".

Fuentes del Gobierno andaluz puntualizaron después que las acusaciones contra Griñán y Chaves son "la culminación de una semana de mentiras" por parte del PP. El Ejecutivo regional considera que los conservadores han propagado o dado pábulo a diez embustes sobre el caso: la existencia de fondos ilegales; el reparto a falsos prejubilados de 700 millones de euros; la ausencia de control administrativo; la creación de un sistema de fraude generalizado; la obstaculización de la justicia por parte de la Junta; las trabas del Gobierno andaluz a la investigación en los organismos fiscalizadores; el uso fraudulento de fondos europeos; la falta de informes de inspección en los ERE; la implicación de Juan Espadas, candidato del PSOE en Sevilla, y el trato de favor de José Antonio Viera, exconsejero de Empleo, a su cuñado; y la autorización por parte de Griñán de un desvío de fondos para ERE falsos.

Preguntas en las Cortes

Esta semana volverá a ser caliente. El PP pedirá de nuevo explicaciones sobre las irregularidades en las sesiones plenarias del Congreso y el Senado con cuatro preguntas dirigidas a los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves y al ministro de Trabajo, Valeriano Gómez.

Por el momento la Junta ha admitido que hay 39 falsos prejubilados, cuatro de ellos miembros del PSOE, en 14 ERE, lo que supone que hay fraude en el 40% de los expedientes investigados. Hay 45 ERE bajo sospecha, por los que cobran pensiones más de 6.000 personas.

La oposición pide luz y taquígrafos 

Javier Arenas (PP) anunció este domingo que llevará al Gobierno andaluz a los tribunales en caso de que no remita al Parlamento la información sobre el caso que ha requerido su grupo. El PP ha pedido, entre otros documentos, los expedientes sobre las ayudas a las empresas con ERE autorizados, los informes de la Intervención General de la Junta de 2005 a 2007 y las alegaciones de Empleo, la certificación de los importes abonados y la relación de todos los intrusos. Desde el Gobierno andaluz afirman que "la documentación está en manos de la justicia". "No vamos a favorecer juicios paralelos", sostienen, un argumento similar al que llevó al PSOE a rechazar la comisión de investigación parlamentaria que solicitaron PP e IU. Diego Valderas, líder andaluz de IU, pidió este domingo que la Cámara de Cuentas Andaluza que haga "una auditoría total de los diez años bajo sospecha".