El PP evitó de nuevo a lo largo de todo el día de ayer condenar la llamada del presidente murciano al boicot a la Ley del Aborto. De hecho, en la formación presidida por Mariano Rajoy ven 'prudente' la decisión de Murcia de esperar para aplicar la nueva norma hasta que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada por el partido. Así se pronunció ayer el vicesecretario de política autonómica y local del PP, Javier Arenas, en un acto en Jérez de la Frontera.

En declaraciones a los periodistas, el dirigente conservador se mostró partidario de aplicar el recurso previo de inconstitucionalidad para estos casos. Y mantuvo que 'cuestiones' de este tipo estarían resueltas si el Gobierno socialista no hubiese suspendido en su momento este recurso.

Pese a sus palabras, Arenas coló después en su discurso que el PP 'siempre va a respetar las leyes y su aplicación', informa Europa Press.

Un poco más cauta, pero evitando desautorizar a uno de los barones regionales con más peso electoral en el partido, se mostró la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Preguntada en conferencia de prensa hasta en siete ocasiones, Soraya Sáenz de Santamaría, no quiso ahondar en la materia. Todas sus respuestas fueron iguales: 'La Ley está en vigor, pero se está tramitando una petición de suspensión'. Sobre la actitud de Ramón Luis Valcárcel, ni una palabra. Un día antes, el presidente murciano había asegurado que 'de momento' no hay razones para acatar la ley.

Madrid sostiene que los médicos públicos rechazan practicar abortos

Con este mensaje, la dirigente conservadora recordaba a sus barones que la legislación ya está en vigor, pero exigía, a su vez, al Tribunal Constitucional (TC), que se pronuncie 'cuanto antes' sobre la petición de suspensión de la norma presentada por el PP.

A juicio de Sáenz de Santamaría, la situación que se ha creado sobre la aplicación de esta ley debe hacer reflexionar al Gobierno. Primero, 'por la falta de información de las comunidades autónomas'. Y, después por las 'innumerables peticiones de información que han llegado al ministerio [de Sanidad] desde el ámbito profesional'. Por ello, consideró que Sanidad 'debería haber optado por una tramitación mucho más pausada'. 'Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie en un plazo que esperamos sea breve', insistía.

El PP ha evitado condenar en público la actitud del líder murciano

Ni el líder del PP, Mariano Rajoy, ni su número dos, María Dolores de Cospedal, entraron a evaluar el debate generado por su barón regional en el almuerzo con militantes que mantuvieron en Torrijos (Toledo). Pero el tema generó una cascada de reacciones.

En Madrid, su presidenta, Esperanza Aguirre, aseguraba que cumplirá la ley porque 'cumple todas las leyes'. No obstante, su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, dio alguna pista de que su aplicación no va a estar exenta de dificultades, al señalar que en la sanidad pública madrileña 'la mayoría de los profesionales, por no decir la práctica totalidad con excepciones, se niega a hacer abortos'.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, anunció que en su región se aplica la ley, aunque reconoció sentir cierta 'incomodidad' ante una reforma que, en su opinión, 'puede tener consecuencias irreversibles'.

Fuera del PP, la mayoría de reacciones sirvieron para afear su actitud. La secretaria de políticas de igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, y la de Bienestar Social, Marisol Pérez, pidieron a Rajoy que 'demuestre autoridad en el PP' y 'ponga fin a la rebelión'.

Para Cabezón, 'si Rajoy no llama al orden a sus compañeros insumisos, estará actuando como cómplice de lo que es, en realidad, un ataque frontal al Estado de derecho'.

Por su parte, el diputado de IU y presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, instó al Gobierno a hacer cumplir la nueva legislación en materia de aborto y solicitó a la Justicia que tome nota de la 'llamada a la rebeldía' de comunidades como Murcia. Cree Llamazares que con actitudes como esta, las autonomías se sitúan en la 'ilegalidad'. 'No vale eso de que ya esperaremos a lo que diga el TC porque sería paralizar la eficiacia de una ley durante cuatro años y eso es inaceptable', aseveró.

Desde ERC, su portavoz en el Congreso, Joan Ridao, advirtió de que la actitud del PP podría obligar a muchas mujeres a 'peregrinar' a otros territorios para abortar.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, pidió ayer al Tribunal Constitucional que rechace la petición del PP de suspender la vigencia de la nueva Ley del Aborto porque no hay previsión legal alguna que permita la suspensión de una norma con rango de ley aprobada por las Cortes Generales.

Así lo aseguraron los servicios jurídicos del Estado en el escrito de alegaciones presentado ayer al tribunal, en el que recuerdan que los poderes de suspensión que tiene 'están tasados' y que no pueden extenderse a los actos o normas emanados del Parlamento, que gozan de 'presunción de legitimidad'.

El escrito mantiene que 'sostener lo contrario supondría obtener artificiosamente los efectos de una suerte de recurso previo de inconstitucionalidad, que no contempla la vigente Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), y cuya supresión fue decidida por las Cortes Generales'.

Los servicios jurídicos del Estado señalan, por último, que la nueva Ley del Aborto es plenamente constitucional, ya que 'no introduce ex novo en nuestro ordenamiento jurídico las condiciones en las que es posible la interrupción voluntaria del embarazo, sino que se dirige a modificar dicho régimen jurídico a la luz de la experiencia acumulada en la aplicación del marco legal'.