Ya hay comunicación oficial. Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI) –segunda y cuarta asociación judicial en número de asociados– entregaron ayer en el registro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el aviso de convocatoria de huelga para el próximo 18 de febrero.

Los representantes de ambas plataformas, Marcelino Sexmero y Benito Raboso, plantean ya desde el arranque de su escrito el argumento que el Ministerio de Justicia ve más polémico. Se agarran al derecho fundamental de huelga. “Lo contempla el artículo 28.2 de la Constitución, del que también somos titulares los jueces y magistrados”, esgrimen. Se apoyan asimismo en una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, “de la que se desprende la legitimación de las organizaciones profesionales para convocar huelga en el ámbito territorial y funcional que le es propio”.

Las dos asociaciones señalan que el CGPJ debe “fijar” los servicios mínimos, pero adelantan en qué materias han de respetarse estos: las actuaciones del servicio de guardia; las causas con presos o detenidos puestos a disposición judicial; los juicios con jurado; la participación de los jueces en las juntas electorales, y el resto de actuaciones de cualquier orden jurisdiccional, “legalmente calificadas como urgentes”.

Sexmero defendió que la huelga es un “acto de responsabilidad” de los jueces frente a las “irresponsabilidades de todos los gobiernos: el actual, pero también los anteriores”. El portavoz de la Francisco de Vitoria juzgó “improbable” que se suspenda el paro, toda vez que el Ministerio de Justicia “no ha tenido voluntad de negociar hasta ahora”.

El Gobierno discrepa. María Teresa Fernández de la Vega repitió ayer la “disposición al diálogo”, aunque con “responsabilidad”. La vicepresidenta avisó de que el Ejecutivo no se pronunciará hasta el lunes, cuando el CGPJ celebre un pleno para hablar de la huelga. Al tiempo, se hizo cargo de las exigencias de los jueces: “La Justicia es una administración que ha de mejorar mucho: es un poder del Estado muy importante al servicio de los ciudadanos”.

Ayer continuó la remisión de notas oficiales de huelga. Se sumaron al menos tres: las de los jueces de Girona, Barcelona y Alicante.

El presidente habla... // Manuel Chaves, el presidente de la Junta de Andalucía, apuntaló ayer la línea marcada por su partido: insistió en que los jueces son “integrantes” del Poder Judicial y, como tales, “no tienen derecho” al ejercicio de huelga. No obstante, reconoció que es el CGPJ el que tiene ahora “la última palabra”.

... y el PP le replica // Las palabras de Chaves fueron contestadas por el presidente del PP andaluz. Javier Arenas señaló que son “ofensivas para los jueces”. Y lo que es peor para los conservadores: revela actitudes “más propias de dictaduras y no de democracias”. “Los funcionarios abandonados por la Junta llevan más razón que un santo”, sostuvo.