La Audiencia avala que Alaya investigue al Gobierno andaluz

La Audiencia Provincial de Sevilla considera que las actas de los 480 consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía no son secretas. En un auto del pasado 20 de junio, desestima el recurso que presentó el Gobierno andaluz contra la decisión de la jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta, de exigirle al Ejecutivo las actas de sus reuniones desde el año 2001.

La decisión de la Audiencia no afecta al requerimiento de la Junta para que sea el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dependiente del Supremo, el que decida si la jueza tiene derecho a ver las actas, afirmaron este miércoles a Público fuentes del Gobierno. Las fuentes agregaron que la magistrada aún no ha tramitado el asunto, una decisión que cuestionaron al considerar que "es contrario a derecho" no tramitar el conflicto de jurisdicción. La Audiencia, en su auto, no opina a este respecto y se limita a avalar la reclamación de la jueza. "Nos está vedado entrar a examinar las alegaciones que tengan por objeto el requerimiento de inhibición", dice el auto.

La Audiencia, aunque reconoce que los razonamientos jurídicos de Alaya a la hora de pedir las actas no eran "muy explícitos" esta se limitó a solicitarlas porque eran relevantes para su investigación , estima que las razones que llevaron a la magistrada a reclamarlas no fueron ni "arbitrarias ni caprichosas". Afirma la Audiencia que el Tribunal Constitucional (TC) admite la "motivación por remisión" que, en este caso, se trataría de un oficio de la Policía Judicial y un informe de la Intervención de la Junta.

"El examen de esa documentación permite entender de forma suficiente los motivos" por los que se exigen las actas. Argumenta la Audiencia que la jueza quiere saber dos cosas. Por un lado, "si las distintas consejerías y el Consejo de Gobierno de la Junta tenían o no conocimiento del posible incumplimiento por la Agencia de Innovación" de la obligación de remitir informes a la Intervención de la Junta, que había detectado irregularidades en el procedimiento de tramitación de los ERE. Y, por otro, si el Gobierno, "al conocer que las transferencias efectuadas a través de la Agencia de Innovación prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento previsto en el artículo 107 de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía, adoptaron algún tipo de medida o acuerdo dirigidos a corregir" ese extremo. Y remacha que Alaya quería simplemente la información de las actas para, "en su caso, depurar responsabilidades penales de quienes por acción u omisión autorizaron" las transferencias irregulares. Alaya investiga una posible prevaricación.