La Audiencia de Castellón declara prescritos cuatro de cinco delitos fiscales de Fabra

La sección segunda de lo penal de la Audiencia Provincial de Castellón ha declarado prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que pesaban sobre el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

En un auto sobresee la causa abierta contra el presidente de la Diputación de Castellón por supuestos impagos fiscales entre los años 2000 a 2003 al considerar que no se produjo un acto de interposición que interrumpiera la prescripción de dichos delitos.

El auto indica que los delitos fiscales supuestamente cometidos por Fabra y su mujer entre los ejercicios 2000 y 2004 deben considerarse "prescritos", dado que no ha existido denuncia ni acto de interposición judicial respecto a ellos, al contrario de lo que sucedió con el IRPF de 1999.

El PSPV de la provincia de Castellón ha recalcado que aunque se haya sobreseído la causa no quiere decir que el dirigente conservador "no los haya cometido". "Es una mala noticia para los fan de los banquillos mediáticos", ha comentado, por su parte, Esteban González-Pons en nombre del PP.

Tanto el juez instructor como las partes recurridas rechazaban la prescripción por entender que el acto de interposición judicial se habría dado por medio de un auto dictado en febrero de 2006 por la sección segunda de la Audiencia que acordaba una prueba pericial que determinase la naturaleza y origen del incremento patrimonial de Fabra, esposa e hijos de 1999 a 2004 y su "incidencia fiscal".

La resolución puede ser recurrida al Tribunal Supremo

 De este modo, esta instancia judicial estima parcialmente el recurso de queja interpuesto por Fabra y su ex mujer, María Desampaados Fernández, contra el auto de 21 de julio de 2010 del juzgado número 1 de Nules (Castellón) que determinaba la continuación de la tramitación de las causas abiertas contra ellos por cohecho, tráfico de influencias y delitos fiscales.

No obstante, la Audiencia ha resuelto desestimar el recurso interpuesto por la defensa de Fabra en la parte correspondiente a los delitos de tráfico de influencias, cohecho y un delito fiscal.

La resolución puede ser recurrida al Tribunal Supremo.

El juzgado número 1 de Nules de Castellón imputó a Carlos Fabra por cinco presunto delitos fiscales (entre ellos el de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública): En mayo de 2010 los peritos concluyeron el informe del patrimonio de los Fabra y destaparon un fraude del matrimonio de 1,7 millones de euros. Sostenía que las ganancias patrimoniales sobre las que no se ha justificado el origen ascienden a unos 3,6 millones de euros.

El auto indica que "ninguna de las iniciativas que se imputan a Carlos Fabra en forma de interesarse o mediar en Madrid ante las autoridades" en favor de los productos fitosanitarios del empresario Vicente Vilar "pendientes de aprobación a cambio de ciertas cantidades de dinero se pueden enmarcar en las actividades relativas" a su cargo.

El tribunal entiende que "tampoco el hecho de que una autoridad abuse de su cargo o condición para acceder colateralmente a instancias funcionariales de cara interesarse por asuntos ajenos al órgano donde preste su función puede entenderse como cohecho" y apunta que "tal vez, este tipo de proceder pudiera considerarse tráfico de influencias o tal vez infracciones del tipo disciplinario, pero no es propiamente cohecho".

Con respecto al tráfico de influencias, el juez desestima el recurso de queja presentado por Fabra y decreta continuar con la causa por "los hechos relativos a la supuestas influencias y los pagos y cobros supuestamente realizados por tales" al entender que existen "indicios" de la comisión de ese delito.

De hecho, el auto señala que hubo "insistencia y la exhibición de un interés personal" de Fabra en sus varias reuniones o visitas a los ministerios relacionadas con la petición de información sobre el estado de las autorizaciones para los productos fitosanitarios del empresario Vicente Vilar.