La Audiencia es competente desde 2005

El Tribunal Constitucional consagró en 2005 la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar delitos de genocidio perpetrados fuera de las fronteras del Estado, incluso aunque no hubiera
españoles entre las víctimas.

Para entonces, hacía ocho años que Baltasar Garzón había tomado la iniciativa y admitido la denuncia de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) para que procesara al capitán Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad, detención ilegal y torturas cometidos durante la dictadura militar argentina. La Audiencia condenó a Scilingo a 640 años de cárcel y el Supremo elevó el castigo a 1.084 en 2007.

El ejemplo de Garzón cundió lo suficiente como para que la Audiencia Nacional admitiera desde entonces las investigaciones de los genocidios de Guatemala, Ruanda y Tíbet, y el perpetrado en China contra los seguidores de la corriente religiosa Falun Gong.

Fue la perseverancia de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú para lograr una investigación del exterminio en Guatemala la que provocó la sentencia del Constitucional. Menchú llevó el caso a la Audiencia, que se negó a investigar. Recurrió al Supremo, que consideró a la Audiencia incompetente por la falta de constancia de españoles entre las 250.000 víctimas. Menchú volvió a insistir hasta lograr el citado pronunciamiento del Tribunal Constitucional en octubre de 2005.

Hoy, el caso de Guatemala sigue en manos del magistrado Santiago Pedraz, que lucha contra la ausencia de colaboración de las actuales autoridades guatemaltecas para
esclarecer la masacre.

El magistrado Fernando Andreu trata de investigar los crímenes cometidos en Ruanda. Y los jueces Ismael Moreno y Santiago Pedraz llevan sendas investigaciones contra las autoridades chinas por presunto genocidio en Tíbet y contra los seguidores de Falun Gong.

Chile: cuando Pinochet se rió de sus víctimas
Augusto Pinochet regresó el 2 de marzo de 2000 a Chile después de 530 días de arresto en Londres. Bajó del avión en silla de ruedas y, ante un imponente despliegue militar, se levantó y caminó sin dificultades. En un segundo, se evaporó el bulo avalado por el Gobierno británico acerca del delicado estado de salud que le impedía ser extraditado a España para afrontar un juicio. Fue el día en que Pinochet se rió del juez Baltasar Garzón y de los familiares de los 3.197 muertos que dejó su régimen entre 1973 y 1990.

n 1998, el Partido Comunista había presentado la primera querella en Chile contra Pinochet por crímenes contra la humanidad. Gracias al auto de la Audiencia Nacional, Garzón tenía competencia para juzgarlo, y pidió su detención bajo los cargos de genocidio y tortura. Entonces, comenzó una historia que se extendió durante dos años. Los familiares de las víctimas temían que Pinochet nunca rindiera cuentas en
caso de regresar a Chile.

La lucha de Garzón no fue en vano. Si en ese tiempo había conseguido que Suiza o Bélgica reclamaran su extradición, a partir de agosto de 2000 el panorama se trasladó a Santiago. La Corte Suprema de Chile le retiró el fuero como senador vitalicio para que respondiera por la causa de la caravana de la muerte, y por 75 casos de homicidio y secuestro perpetrados tras el golpe militar. Estuvo 42 días bajo arresto domiciliario. En 2002, con la primera complicidad de la Corte, Pinochet se libró de los cargos, aduciendo el único mecanismo que le permite la legislación: que sufría "locura o demencia".

Lo mismo sucedió con su participación en el Plan Cóndor, que coordinó la acción represiva de las dictaduras del Cono Sur. Desde entonces, cada proceso chocó contra una realidad: en una sociedad donde el pinochetismo todavía goza de popularidad, el ex general supo granjearse hasta el final de sus días el apoyo de los militares, la justicia y los partidos conservadores. De una u otra forma, las instituciones chilenas salvaron la crisis que Garzón abrió en 1998 y que amenazó con desenmascarar el acuerdo entre los partidos políticos y la Junta pinochetista en 1990.

"Cerca del final de mis días, quiero manifestar que asumo la responsabilidad política de todo lo obrado bajo mi Gobierno", dijo en noviembre. Pero Pinochet nunca asumió su responsabilidad política ni penal por los delitos de lesa humanidad que cometió.

La gran paradoja de este escapista, que dejó el mundo sin ser condenado en las numerosas causas judiciales que tenía pendientes en la justicia, fue la fecha en que el corazón le falló. Murió en el día internacional de los derechos humanos, un 10 de diciembre de 2006.

Guatemala: el genocidio del pueblo mayo
"Hubo 250.000 muertos, 50.000 viudas, 600 aldeas arrasadas por un Ejército cuya ferocidad sólo es comparable en el siglo XX a la de Hitler o Pol Pot". Así describe Carlos Santos, periodista de RNE, lo ocurrido en Guatemala a principios de los ochenta.

"El Ejército practicaba violaciones colectivas para dejar a la población inmovilizada por el terror, asesinaba niños con piedras o a cuchillo para no gastar balas y no hacía prisioneros, los mataba", dice Santos, autor del libro Guatemala: El Silencio del Gallo.

El periodista descubrió esos horrores al reconstruir la vida de su tío, el misionero Luis Gurriarán, que lleva medio siglo en Guatemala y ahí sigue, "peleando por la dignidad de los mayas", que representan el 83% de las víctimas de los abusos. Su testimonio es uno de los que maneja la Audiencia Nacional. En enero de 2008, imputó a los ex dictadores guatemaltecos Efraín Ríos Montt y Óscar Humberto Mejía, así como a otros cinco ministros y cargos policiales. Les atribuye un delito de genocidio contra el pueblo maya.

Hasta ahora, han declarado ante el juez Santiago Pedraz más de 30 testigos en la causa. Pero el juez se ha visto obligado a pedir ayuda a los medios de comunicación para que difundan que está investigando los crímenes de Guatemala y que los potenciales testigos puedan venir así a declarar. Las autoridades guatemaltecas no han colaborado en absoluto. El propio Tribunal Constitucional decretó en diciembre de 2007 que la Audiencia Nacional no era competente para juzgar esos delitos.

"Si el crimen no tiene fronteras, la Justicia no puede
tenerlas", opina Santos.

Argentina: la condena a Scilingo, precedente histórico
El 19 de abril de 2005, la Audiencia Nacional de España cimentó un pilar de la justicia universal. Ese día condenó al ex militar argentino Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983) y lo responsabilizó por la desaparición de 30 de los 5.000 detenidos que pasaron por la Escuela Mecánica de la Armada. Fue el primer represor procesado y condenado por un tribunal extranjero.

"La justicia universal es singular porque cualquier responsable de genocidio, delito de lesa humanidad o crímenes de guerra puede ser juzgado en cualquier lugar del mundo sin que importe su nacionalidad o la de sus víctimas. Los asesinos saben que podrán ser perseguidos estén donde estén y saben que sus delitos no prescriben", explica Carlos Slepoy, abogado que representó a los organismos de derechos humanos argentinos en la causa contra Scilingo.En junio de 2005, la Corte Suprema anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 1987 con las que Argentina había barrido debajo de la alfombra a los 8.172 desaparecidos identificados por la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas.

El total asciende a 30.000, según los organismos de derechos humanos. Tras la reapertura de las causas, la Justicia argentina pidió a España en 2008 la extradición del ex militar Ricardo Cavallo y del ex policía Rodolfo Almirón.

Si bajo la fresca democracia Argentina se había convertido en un modelo de Justicia por el ejemplar juicio a las juntas militares, la amenaza de una nueva asonada golpista empezó a deshacer el camino andado. El indulto del presidente Carlos Menem a los máximos responsables de la dictadura consagró la impunidad.

"El olvido está lleno de memoria". La frase del poeta uruguayo Mario Benedetti conjuga a la perfección las dos realidades que se han solapado en Argentina durante los últimos 32 años. Excepto para las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que siguieron reclamando justicia. La primera luz de esperanza llegó en 1996.

"Garzón, una bendición"Como las leyes en España no permiten juzgar delitos comunes cometidos en otro país, ni siquiera contra españoles, el fiscal de la Audiencia Carlos Castresana inició el camino para lograr competencia en los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.

"Castresana es el verdadero héroe anónimo de todo el proceso", explica María Consuelo Castaño, directora de la Comisión de Españoles Desaparecidos. Castaño, detenida en 1979 en un centro clandestino, es la única española que ha sobrevivido a un campo de exterminio en Argentina. "Hasta ahora, hemos contabilizado 80 desaparecidos españoles". "Baltasar Garzón ha sido una bendición para Argentina y Chile", concluye Slepoy.