Este artículo se publicó hace 14 años.
La Audiencia confirma la libertad bajo fianza para Díez Usabiaga
Bajo fianza de 30.000 euros para cuidar de su madre enferma
La Audiencia Nacional ha confirmado la puesta en libertad bajo fianza de 30.000 euros decretada por el juez Baltasar Garzón en abril para el ex secretario general de LAB Rafa Díez Usabiaga para cuidar a a su madre al considerar que ha cumplido las medidas cautelares que le impuso el magistrado.
Así lo ha acordado la sección tercera de la sala de lo penal de este tribunal en un auto notificado hoy, en el que desestima el recurso que interpuso la Fiscalía al considerar que la circunstancia humanitaria alegada por Usabiaga "ha sido artificialmente creada", al que se adhirió la Asociación de Víctimas del Terrorismo Verde Esperanza".
El tribunal sostiene que el ex secretario general de LAB, al que Garzón dejó en libertad el 26 de abril con la obligación de rendir quincenalmente información sobre el cuidado dispensado a su madre, la de comparecer dos veces a la semana en el juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional, "viene cumpliendo acabadamente" con todas esas medidas.
Usabiaga, que fue encarcelado en octubre del año pasado por intentar reconstruir Batasuna a través de 'Bateragune', alegó que debía cuidar de su progenitora porque ésta había iniciado los trámites para acogerse a la Ley de Dependencia, requiriendo como cuidador a su hijo, que hasta su encarcelamiento se había encargado de ella.
El tribunal, compuesto por los magistrados Alfonso Guevara, Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, subraya que la madre de Usabiaga padece un carcinoma que requiere quimioterapia y radioterapia y debido a esta enfermedad se encuentra "recluida en su domicilio, padeciendo además un notable cuadro depresivo, todo lo cual determina una situación de hecho no necesitada de declaración judicial alguna".
La sala argumenta esta afirmación en el informe elaborado por un forense el pasado 25 de marzo, del que además se infiere "palmariamente la anormalidad del desenvolvimiento vital" de la enferma.
Para la sala, Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones el 14 de mayo, hizo una valoración "correcta" de las circunstancias del procesado en el que valoró la ausencia de riesgo de fuga, su arraigo personal, familiar, laboral y social, así como la inexistencia de una voluntad para sustraerse de la justicia.
Según el magistrado, en Usabiaga concurría una "circunstancia específica de índole personal-familiar" acreditada en un certificado del Ayuntamiento de Lasarte (Guipúzcoa), si bien el fiscal considera "notorio" que cuando la madre solicitó a su hijo como cuidador éste ya estaba preso.
"Igualdad procesal"El recurso del fiscal sostenía que las razones por las que Usabiaga ingresó en prisión junto al ex dirigente de Batasuna Arnaldo Otegi y otros responsables de la izquierda abertzale aún persistían y que había empleado el argumento del cuidado de su madre "con el fin de eludir una medida cautelar necesaria".
Entendía también que no debían "suavizarse sin justificación suficiente" las cautelares del ex secretario general de LAB "por razones de igualdad procesal" con el resto de los procesados en esta causa, entre ellos la ex tesorera del PCTV-EHAK Sonia Jacinto y Miren Zabaleta, hija del coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta.
Díez Usabiaga, Otegi, Jacinto y Zabaleta fueron procesados por integración terrorista
Díez Usabiaga, Otegi, Jacinto y Zabaleta fueron procesados por integración terrorista el pasado 25 de enero, mientras que Garzón dejó fuera del procesamiento, en contra de la solicitud del fiscal, al histórico dirigente de la formación ilegalizada Rufi Etxebarria.
El resto de los procesados son: Arkaitz Rodríguez, juzgado en 2006 por ser miembro de los aparatos de captación e información de ETA y que resultó absuelto; José Luis Moreno Sagües (Txelui), candidato al legislativo foral en una lista que fue ilegalizada, José Manuel Serra y Amaia Esnal, que quedaron en libertad con una fianza de 10.000 euros.
El pasado 27 de mayo, la Fiscalía pidió a la sala que confirme esos procesamientos para que los acusados no combinen su "actividad institucional con pistolas y bombas", aunque aún no se ha pronunciado.
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