La Audiencia Nacional paralizó ayer la orden de expulsión de los 16 saharauis que habían solicitado asilo político tras llegar en patera a Fuerteventura a principios de año. El pasado 15 de enero, la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), dependiente del Ministerio del Interior, rechazó la admisión a trámite de las solicitudes de estas personas.

Después de que la OAR, por segunda vez, volviera a inadmitir las peticiones tras el reexamen solicitado por los demandantes, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó un recurso en la Audiencia Nacional en el que solicitaba medidas cautelarísimas para evitar las expulsiones. El martes, fuentes de CEAR señalaron que los solicitantes de asilo habían sido trasladados desde el Centro de Internamiento para Inmigrantes (CIE) de El Matorral, en Fuerteventura, al de Barranco Seco, en Las Palmas, para ser supuestamente expulsados a Marruecos.

Con la providencia hecha pública ayer por la Audiencia Nacional, este órgano ordena la suspensión 'de cualquier actividad material de ejecución de la expulsión'.

La paralización de la repatriación seguirá vigente 'hasta que se proceda a la resolución por el tribunal de la medida cautelar solicitada en el procedimiento' por CEAR. En la organización de ayuda a los refugiados esperan que, entre hoy y mañana, la Audiencia Nacional se pronuncie sobre este asunto. En el caso de que los magistrados respalden la decisión del Gobierno de expulsar a los saharauis, los abogados de CEAR estudiarán acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo porque consideran que la notoriedad pública que ha tenido este caso podría poner en peligro a los saharauis si regresan a Marruecos.

Para Mauricio Valiente, responsable jurídico de CEAR, el hecho de que la Audiencia haya detenido la repatriación de los saharauis es un aspecto 'positivo', pero 'evidente' porque 'sólo cumple con el artículo 22 de la Ley de Asilo', que imposibilita la expulsión de los extranjeros que hayan recurrido la inadmisión de su petición de asilo.