"Aunque no queramos, estamos contribuyendo a este expolio"

En la dieta mediterránea, premiada el pasado mes de noviembre como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, uno de los alimentos característicos es el pescado. El pescado para esta dieta da igual de dónde provenga.

Precisamente este origen se está negociando en la Comisión Europea ya que el acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos expira el próximo 27 de febrero. Para que el protocolo actual se renueve "por lo menos un año", el día 21 el Consejo de ministros debe autorizar las conversaciones con el reino alauí, según fuentes de Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MA-MR-M). Esta misma fuente considera que el acuerdo "no es de España, es un acuerdo de los países europeos para que la flota comunitaria faene en aguas de Marruecos". De las 137 licencias que se otorgan para barcos europeos, un centenar pertenecen a barcos españoles, principalmente de las Islas Canarias y Andalucía.

Aunque España considera que está cumpliendo con el Derecho Internacional, el presidente del Observatorio de Recursos Naturales del Sahara Occidental (WSRW) en España, Javier García Lachica, no opina lo mismo. "La Resolución 63/102 de diciembre de 2008 dice: 'Toda actividad económica o de otro tipo que afecte negativamente a los intereses de los pueblos de los territorios no autónomos y al ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación reconocido en la carta y en la resolución 15/14, es contrario a los propósitos y principios anunciados en la carta'".

Lachica asegura que ni el pueblo saharaui ni el marroquí se están beneficiandoWSRW se define como una red internacional de activistas y organizaciones, de más de treinta países, que estudia las empresas que apoyan los intereses marroquíes explotando los recursos en los más de 1500 km de costas saharauis. Gracias a sus actuaciones, empresas como Iberdrola (energía) Selfa Artic (pesca) han abandonado el territorio del Sahara Occidental. Sin embargo, otras grandes conocidas continúan en esas aguas; Lachica da nombres: "Jealsa-Rianxeira S.A., más conocida por sus conservas Rianxeira y Escuris". Ésta y su asociada marroquí tienen como cliente principal "la española Mercadona" que abastece, a su vez, "la marca blanca, Hacendado".

Lachica asegura que ni el pueblo saharaui ni el pueblo marroquí se están beneficiando de la extracción de sus recursos. El primero porque "las actividades de explotación están controladas por empresas estatales marroquíes" con quien se firman los protocolos de pesca, y el segundo por los niveles de corrupción en su sociedad y ejército.

Tras los acontecimientos de noviembre en el brutal desalojo del campamento Dignidad, cuando más de veinte mil saharauis se asentaron en jaimas para reivindicar mejoras sociales y económicas en su pueblo, Dinamarca y Suecia mostraron su preocupación en la Comisión Europea el pasado 9 de febrero por el respeto de los derechos humanos en los territorios ocupados ilegalmente por Marruecos.

Este problema siempre ha estado presente al tratar la continuidad del acuerdo pesquero. Por ello, la comisaria europea de pesca, María Damanaki, exigió imprescindible para la renovación que Rabat facilite cifras que demuestren que la población saharaui sale beneficiada con el acuerdo.

Dinamarca y Suecia mostraron su preocupación por el respeto de los derechos humanosEl último día de faena será el domingo 27 de febrero. Antes deben renegociar la prórroga del protocolo, es decir, "que se mantengan las condiciones de pesca y la compensación financiera". Una compensación que Lachica tiene en cuenta: "La UE está pagando a Marruecos con el dinero de todos los europeos. Aunque no queramos, estamos contribuyendo a este expolio".

Si dicho acuerdo no se consiguiera, según fuentes del ministerio de MA-MR-M, "asistirían procesos jurídicos de la UE de una aplicación provisional de este protocolo, a la espera de que se culminara la negociación. Esto tiene que ser aprobado oficialmente por el Parlamento Europeo".

Por su parte, el Frente Polisario ha pedido que se excluyan las costas saharauis pero, ante esta propuesta, España se respalda en que el protocolo no es sólo de España: "La negociación la lleva la comisión europea".