Avaladas las escuchas ordenadas por Garzón en el 'caso Pretoria'

Las escuchas telefónicas del llamado caso Pretoria, cuya instrucción estaba a cargo del magistrado Baltasar Garzón, han sido avaladas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La Sala estima, en un auto de este viernes, que se realizaron cumpliendo "los requisitos procesales necesarios", rechazando declarar nulas dichas escuchas a las que se sometió a los imputados de la trama corrupta que presuntamente operaba en Santa Coloma de Gramanet y otros municipios de Barcelona. 

Según la Audiencia Nacional, era imprescindible "que los imputados desconocieran que estaban siendo investigados". Las escuchas también fueron autorizadas por el juez Pablo Ruz, sustituto de Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

Así, la Sala de lo Penal rechaza los recursos de apelación que presentaron los abogados de los imputados, en la que solicitaban su anulación, alegando que fueron prospectivas, que carecieron de control judicial y que no se motivó la prórroga de las mismas. 

Ahora, la Audiencia Nacional concluye que tanto el auto de formación de pieza separada como su declaración de secreta cumplen los requisitos procesales necesarios, y añade las comunicaciones telefónicas cuestionadas tenían "adecuada motivación sobre la base de unos detallados informes policiales", dentro de una investigación "por delitos graves".

El fiscal anticorrupción Luis Pastor, encargado del "caso Pretoria", se opuso a que se decretase la nulidad de las escuchas.

El instructor de la causa, el magistrado Ruz, mantiene la imputación a veinte ex altos cargos y empresarios catalanes por su presunta participación en las actividades urbanísticas fraudulentas de los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona.

Entre los imputados, además de Bartomeu Muñoz, se encuentran el exdiputado del PSC Luis García, presunto líder de la trama, y los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. Todos ellos se encuentran en libertad bajo fianzas de hasta 500.000 euros.