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La AVT trata de proteger del arresto a un golpista venezolano

La acusación pidió al juez que le interrogara sobre ETA y las FARC por comisión rogatoria

ÁNGELES VÁZQUEZ

¿Es lícito tratar de eludir una orden de arresto dictada por otro país si eso contribuye a que avance el procedimiento que se tiene entre manos? La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió que se suspendiera la declaración prevista de un testigo para evitar su arresto en la causa que sigue el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para determinar la supuesta colaboración mantenida entre ETA y las FARC. La AVT ejerce la acusación en este procedimiento también en representación de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y el Frente Iberoamericano por la Libertad.

Se trata del general de Brigada venezolano Néstor González González, reclamado por su país por su participación en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente venezolano Hugo Chávez. González estaba citado a declarar como testigo el pasado 15 de noviembre, pero la advertencia de la acusación popular surtió efecto y fue sustituida por una comisión rogatoria a Costa Rica, país donde reside, según fuentes jurídicas, bajo la condición de refugiado político. Transcurridos seis meses, aún no se ha obtenido respuesta alguna a la petición de auxilio judicial internacional.

La asociación cree que la detención intentaba evitar que declarara en España

La AVT niega que con su petición tratara de proteger a un reclamado. Su abogado, Antonio Guerrero, señaló a este periódico que el hecho de que la orden internacional de detención contra González se cursara años después de ocurrido el delito que se le imputa y justo cuando se disponía a venir a declarar a la Audiencia Nacional, fue interpretado como 'una maniobra fraudulenta del Gobierno de Hugo Chávez' para evitar que compareciera. Por eso, optó por solicitar que fuera interrogado por comisión rogatoria.

'Nuestra intención no es proteger a una persona que pueda haber cometido un delito, pero tampoco queríamos complicar a una persona que encima venía a colaborar', aseguró el abogado.

La petición de auxilio judicial a Costa Rica aún no ha sido contestada

El 21 de septiembre de 2010, el juez Velasco citó como testigo a González para el 15 de noviembre siguiente. Como su declaración había sido solicitada por la AVT, el magistrado encargó a esta representación 'cuidar de su comparecencia y presentación ante el juzgado'.

Unos días antes de la fecha prevista, el 8 de noviembre, la acusación presentó un escrito en el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que advertía de que había sabido por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo venezolano había aprobado solicitar la extradición de González a instancias de la Fiscalía General de la República de Venezuela por su participación en el golpe de Estado.

El escrito señalaba que esa circunstancia le 'conduce a sospechar que pudiera ser detenido en nuestro país si viaja para prestar declaración'. Aunque la AVT no lo mencionaba expresamente, se refería a que si Interpol incluía la alerta de color rojo solicitada por la Fiscalía venezolana, cuando González llegara al aeropuerto de Barajas, en Madrid, las alarmas policiales saltarían y el testigo sería detenido a la espera de que las autoridades venezolanas solicitaran su extradición.

Como la prueba había sido admitida y la acusación confiaba en que aportara 'elementos de prueba relevantes en relación con los hechos investigados', la acusación no se resignó a perderla. En el pronunciamiento que González protagonizó ante los medios en abril de 2002 reveló 'la existencia de campamentos con capacidad para 150, 200 guerrilleros' de las FARC y el FLN en suelo venezolano. También aseguró que había alertado a la superioridad y al propio Hugo Chávez del hallazgo, pero nunca obtuvo respuesta. La AVT quiere preguntarle si en esos campamentos identificó a algún miembro de ETA.

Se da la circunstancia de que la declaración de Néstor González se produce en una causa sembrada de polémica por la negativa de Venezuela a actuar contra Arturo Cubillas, pese a la reclamación española que pesa contra él. Una acusación ampliada el pasado marzo por el juez Velasco con el delito de integración en la organización terrorista ETA en grado de dirigente.

En su auto, el juez declaró que el jefe de Seguridad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) mantuvo al menos entre los años 2004 y 2008 'contacto constante, permanente y directo con la cabeza de la organización terrorista y los distintos dirigentes de los comandos activos de ésta, con quienes ha coordinado y ejecutado tareas directivas de formación e instrucción, mejora y armamento de técnicas terroristas'.

El Consejo de ministros acordó el pasado 8 de abril seguir adelante con el proceso de extradición iniciado contra el presunto etarra.

El general de Brigada retirado Néstor González González fue una de las cabezas visibles del pronunciamiento del 11 de abril de 2002 contra el Gobierno de Hugo Chávez. Ante los medios de comunicación aseguró que la guerrilla colombiana actuaba en suelo venezolano y acusó a Chávez de la 'cubanización' del país. 'Usted vende, traiciona y destruye a su pueblo por su ambición personal', espetó a Chávez. Cuando, 48 horas después del golpe, Chávez recuperó el poder, González se exilió. El 31 de julio de 2006, un juzgado de Caracas ordenó su 'aprehensión' por un delito de rebelión civil. El pasado 2 de noviembre se supo que el Tribunal Supremo solicitaría a España su extradición. Se basaba en una petición de la Fiscalía que argumentaba que 'se evidencia que efectivamente el ciudadano requerido se encuentra en el Reino de España y, dado que el mismo está solicitado por la Justicia venezolana desde el 31 de julio de 2006 y estando en conocimiento de la presentación del referido ciudadano ante un tribunal de la Audiencia Nacional de España, el Ministerio Público considera procedente y ajustado a derecho solicitar el trámite para su extradición'. En la actualidad González reside en Costa Rica, país al que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha cursado una comisión rogatoria para que testifique sobre la supuesta relación de ETA y las FARC.

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