Ayuda económica y protección social

La Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que el Gobierno vasco aporta a Juan Carlos, boliviano de 31 años residente en España desde hace cinco, no sólo es un balón de oxígeno económico (320 euros), sino que también impide que se le pueda expulsar, a pesar de ser un sin papeles.

El artículo 57 de la Ley de Extranjería indica que la sanción de expulsión no será impuesta a quienes "sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral". Euskadi es una de las autonomías que da ayudas a los sin papeles, no por su nacionalidad sino por su condición económica, aunque con algunos requisitos (llevar un año en Euskadi, tener más de 23 años...).

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha puesto en duda en alguna ocasión que la RGI siempre esté destinada a la inserción de social o laboral de estas personas. En el caso de la mujer de Juan Carlos, Susana, que percibió la RGI durante un año y medio, funcionó: regularizó sus papeles y ahora trabaja en una residencia de ancianos con contrato.