No sólo el Ayuntamiento de Madrid debe trabajar para solucionar lo que ocurre en la Cañada Real, sino también la Delegación del Gobierno y el Gobierno regional. Así lo afirmó ayer la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, quien añadió que ambas instituciones “tienen mucho que decir” para que el poblado deje de ser una “ciudad sin ley”.

Martínez insistió que lo que ocurre en el poblado madrileño “no es sólo un problema urbanístico, sino también de exclusión y de orden público”, recogió Efe. Hace un mes, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, del PP, y el de Rivas-Vaciamadrid, José Masa, de IU, enviaron un escrito para proponer la creación de un órgano que agrupe a todas las administraciones afectadas: la Delegación del Gobierno, la Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de la capital, Rivas, San Fernando de Henares Coslada y Getafe (por los que se atraviesan los 15 kilómetros de la Cañada Real).

Competencia de la Comunidad

La Comunidad de Madrid es la responsable de la conservación de las cañadas reales, pero, a pesar de esta competencia la presidenta regional, Esperanza Aguirre, aseguró el viernes que lo que ocurre en la Cañada Real “es un problema heredado del que no es responsable” el Gobierno regional.

El concejal socialista del Ayuntamiento de la capital, Pedro Zerolo, acusó ayer a los gobiernos municipales del PP de mirar para otro lado desde hace tiempo y no querer ver lo que estaba ocurriendo en la Cañada Real. En una entrevista en Telemadrid, dijo que no se ha realizado ningún plan de inclusión.