El azote político de Camps irá al banquillo por la ‘Gürtel’ antes que el propio president

El PP dio ayer un salto de gigante en su estrategia para borrar del mapa político a Ángel Luna, portavoz socialista en el País Valenciá y azote de Francisco Camps en el caso Gürtel. A través de dos autos, el Tribunal Superior valenciano (TSJCV) decidió sentar en el banquillo a Luna acusado de encubrimiento. El delito que se le atribuye es haber mostrado, en marzo de 2010 y ante Les Corts valencianas, un informe de la brigada policial de Blanqueo sobre las presuntas tropelías que, con motivo de la visita del Papa a Valencia, perpetró en 2006 la red corrupta gracias a los responsables políticos de Canal 9, la radiotelevisión pública valenciana. El TSJCV, que en 2009 intentó librar a Camps del caso de los trajes, lleva dos años sin decidir si investiga la presunta financiación ilegal del PP.

El juicio al portavoz del PSPV se celebrará, previsiblemente, antes de que finalice abril. Es decir, mucho antes que el previsto para Camps por el caso de los trajes. Y la sentencia se conocerá antes de las elecciones del 22 de mayo. El Código Penal prevé para el encubrimiento penas más graves (hasta tres años de cárcel) que las que estipula (multa) para el cohecho impropio, la modalidad de soborno por la que Francisco Camps será juzgado en otoño por aceptar trajes de la Gürtel. Una eventual condena significaría el más que probable fin de la carrera política de Luna, aunque no está claro si sería aquí aplicable la reforma de la ley electoral, que impide concurrir a las elecciones a los condenados por delitos contra la Administración Pública aunque la sentencia no sea firme.

El caso contra Luna ha corrido a velocidad meteórica. El TSJCV comenzó a investigar al diputado socialista en octubre de 2010, después de que un juzgado ordinario le remitiese una denuncia del PP, que luego interpuso querella y se erigió así en “acusación popular”.

Durante la instrucción, Luna declaró que el informe de la Brigada de Blanqueo, que en marzo de 2010 estaba aún bajo secreto de sumario pero cuyo contenido ya se había publicado, le llegó de manera anónima. El juez instructor del caso, Juan Montero, decidió no creerle, pese a que ninguna de las diligencias practicadas sugiere que Luna mintiera. Y, dado que no podía acusarle por revelación de secretos porque ni es funcionario ni estaba personado en el caso Gürtel cuando exhibió el informe, el juez asumió las tesis planteadas por el PP en su querella .Y pasó a imputarle un delito de encubrimiento bajo la premisa de que estaba ocultando la identidad de quien le facilitó el informe.

El TSJCV podía haber aceptado los recursos de la Fiscalía y Luna, que pedían el sobreseimiento, y haber anulado por falta de indicios la decisión del juez Montero de seguir adelante con el caso. Pero el tribunal ha optado por dar la razón a Montero, cuya determinación de actuar contra el diputado por encubrimiento califica así el TSJCV en uno de los dos autos dictados ayer: “Razonamente fundada , sin anticipar juicio alguno sobre la calificación definitiva ni sobre responsabilidad penal del imputado”. El tribunal sostiene que Luna no puede invocar la inviolabilidad parlamentaria, que garantiza la libertad de expresión de los diputados.

Con este paso, el TSJCV convierte al portavoz socialista en el primer procesado por un asunto vinculado con la trama Gürtel, que obtuvo en el País Valenciá no menos de 14 millones gracias a contratos públicos supuestamente amañados. El tribunal admite que los hechos podrían haber sido interpretados “de modo diferente”, es decir, de manera favorable a Luna. De los dos autos dictados ayer, el más duro lleva la firma del juez José Flors, instructor del caso de los trajes.

El informe que exhibió Ángel Luna ha quedado ya superado. Otro posterior concluye que, de los 6,4 millones de euros adjudicados a Teconsa por Canal 9 para la cobertura de la visita papal, la trama se quedó con tres como comisión. Y, según la Policía, el entonces director del canal valenciano , Pedro García, cobró medio millón de euros. García, que se vio forzado a dimitir en agosto de 2009, no está imputado.