Barcelona veta el burka en los locales municipales

Barcelona se sumará a la lista de ciudades catalanas que prohiben ya el uso del burka y el niqab en los espacios públicos municipales. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, del PSC, defendió ayer que esta restricción responde al "sentido común" ya que, actualmente, "por seguridad, no es posible entrar en las dependencias municipales ni con un casco ni con un pasamontañas".

A diferencia de otros ayuntamientos catalanes, que han defendido la prohibición alegando los derechos de la mujer, Barcelona lo hace por una cuestión de "seguridad" y para "identificar" a todos los usuarios de los servicios públicos de su titularidad. Esta justificación, en realidad, responde a motivos legales.

La capital catalana alude a la seguridad para defender la restricción

Hereu encargó hace días un informe a sus servicios jurídicos para encontrar la mejor fórmula de prohibir el burka y el niqab (velos integrales islámicos), prácticamente inexistente en la ciudad.

El dictamen llegó ayer durante la Comisión Política de Inmigración y advierte de que no se puede limitar el uso de "elementos anonimizantes" en la vía pública y que los derechos de la mujer "dependen de leyes de rango superior", según explicó a Público la concejal de Bienestar y Cohesión Territorial, Imma Moraleda.

La única puerta posible, según los servicios jurídicos, era la de "regular cómo se accede y se usan los elementos de los servicios municipales". El alcalde Hereu defendió que esta prohibición, que afectará a guarderías, mercados, oficinas de atención al ciudadano, bibliotecas y centros cívicos, coincide con los "valores comunes" de la ciudad y con "el principio de interculturalidad", y reclamó a la Generalitat y al Estado que regulen el uso de los velos integrales en el espacio público.

La prohibición se compara con el uso del casco y del pasamontañas

La prohibición se formalizará en breve con un decreto, pero, a partir de entonces, se tendrán que modificar los reglamentos de cada espacio municipal, de manera que, según las previsiones, el cambio no se hará efectivo hasta después del verano.

El anuncio de Hereu alteró ayer la lógica política del ayuntamiento. Los partidos más críticos hasta ahora con la gestión de Hereu, CiU y PP, se mostraron a favor, aunque el PP reclamó ir aún más allá y prohibirlo también en la calle. Por contra, el socio de gobierno de los socialistas, ICV-EUiA, se mostró "rotundamente en contra". ERC, que también está en la oposición, pero colabora con el equipo de Gobierno, criticó que se apruebe "a golpe de decreto" y reclamó más mediación con las entidades.

El Ayuntamiento de Tarragona también prohibió ayer el velo integral en los espacios municipales, según la moción pactada por el PSC (en el equipo de Gobierno) y CiU (en la oposición). En total lograron 23 votos a favor, los de todos los grupos, a excepción de dos abstenciones de ERC, el otro socio del Gobierno local. Esta formación prefirió presentar una moción por su cuenta.

El PP también se quedó solo en su propuesta de prohibir el uso del velo integral en todos los espacios públicos. Alejandro Fernández, su portavoz, citó a Miquel Roca, ponente de la Constitución, e incluso repartió un artículo suyo publicado hace días con sus argumentos contra el burka. "Está en juego la dignidad de las mujeres. El día que vea un hombre con burka, cambiaré de opinión", expuso en una sala de plenos abarrotada.

Varias mujeres musulmanas con el pelo cubierto siguieron atentamente el debate, informa Maria Morell. "Se ha creado un problema de la nada y no hemos sido capaces de aprobar una moción unitaria ni siquiera de mínimos", lamentó Joan Aregio, de CiU.

Lleida, El Vendrell y Tarragona han prohibido ya el velo integral en sus dependencias municipales, y una cuarta (Barcelona) lo hará en breve. Otras diez lo discutirán en las próximas semanas. Girona, en cambio, votó ayer en contra de esta iniciativa, que allí promovía el PP. En esta ocasión el equipo de Gobierno (PSC, ERC e ICV) votó en contra y la oposición (CiU y PP), a favor, informa Lluïsa Fuentes.

Desde que Lleida estrenó estas votaciones, socialistas y republicanos han defendido posiciones contradictorias en cada ciudad, y muchos equipos de gobierno se han dividido para aprobar la medida en un ámbito en que los conservadores y los xenófobos se encuentran muy cómodos.