El pasado 22 de mayo el PP sumó cinco comunidades autónomas más a su mapa de poder. En todas ellas Castilla-La Mancha, Extremadura, Balears, Aragón y Cantabria sus presidentes han puesto sobre la mesa planes de recorte del gasto vendiéndolos como la única vía para atajar las cifras de deuda y déficit.

Conscientes de lo impopular de algunas de las medidas, los barones conservadores recién llegados al poder han evitado hasta la fecha concretar sus programas más allá de la esencia de los mismos. En la mayoría de los casos han avanzado que harán recortes sin tocar los servicios sociales y han anunciado tijeretazos en el gasto sin concretar el ahorro concreto de cada una de estas medidas que pretenden poner en práctica o que ya están ejecutando.

Algunas de las disposiciones son meramente cosméticas

Sirva como muestra, por ejemplo, que el Gobierno de Aragón haya anunciado un recorte del gasto corriente de 105 millones de euros sin apuntar cómo van a verse afectadas las partidas. O que Extremadura haya dejado su propuesta de reducción del Presupuesto en una horquilla que va del 10 al 20%.

En todas estas comunidades autónomas, los partidos en la oposición han intentado traducir a otras cifras, las de los recortes sociales, los denominados planes de austeridad del PP. Sostienen los socialistas que gran parte de la inconcreción de estos planes se debe a que la derecha evita a toda costa anunciar recortes en materias como la sanidad, la educación y la dependencia.

Sólo en Castilla-La Mancha, el denominado Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos va a afectar, según el PSOE regional, a 15.000 empleados públicos, el grueso de ellos en educación y en sanidad.

A continuación, se presentan las claves de las primeras medidas económicas o los anuncios de mayor calado realizados por los nuevos barones del PP tras los comicios del 22-M. En más de una ocasión, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha subrayado que iniciativas como las que siguen van en la buena dirección. Son, por tanto, una pista de lo que podría poner en marcha él si, tal y como apuntan todas las encuestas, el Gobierno cambia de signo político tras el 20 de noviembre.

Educación y sanidad, caballos de batalla

El PSOE denuncia que la consecuencia inmediata es la pérdida de empleo

Hasta la fecha, la comunidad gobernada por María Dolores de Cospedal es la que ha presentado un plan de recortes de mayor calado: un reducción del Presupuesto para el 2102 del 20%. Este anuncio llegó tras conocerse medidas más cosméticas que efectivas si se tiene en cuenta el ahorro que supusieron. Es el caso de la supresión del Defensor del Pueblo, la Comisión Regional de la Competencia y el Consejo Económico y Social, organismos con una dotación presupuestaria de 5,3 millones de euros (0,007% del Presupuesto).

A esto se suma la reducción de las direcciones generales de 55 a 22, del 60% de los altos cargos y dejar los delegados provinciales en cinco (de un total de 35), iniciativa anunciada por Cospedal, al igual que la anterior, en su discurso de investidura en las Cortes regionales. Su equipo calculó este ahorro en tres millones de euros. Es decir, un 0,04% del Presupuesto. Sumado este porcentaje al 0,07% de la supresión de los organismos autonómicos, el primer tijeretazo de Cospedal quedó reducido al 0,11% de las cuentas regionales.

Un mero golpe de efecto que vino a completarse a finales de agosto, cuando la secretaria general del PP presentó el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, que supone bajar el 20% la dotación presupuestaria de la región para ahorrar 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012. Las cuentas regionales para el presente ejercicio ascienden a 8.600 millones.

La partida más afectada por la tijera de Cospedal es la de costes de personal (391 millones de euros de ahorro total). El Gobierno conservador de Castilla-La Mancha prevé también ahorrar 400 millones con la 'racionalización de las infraestructuras de las instalaciones sanitarias'. Hasta la fecha, el Ejecutivo no ha explicado en qué consistirá esta racionalización que para los socialistas suena a privatización.

Tampoco ven con buenos ojos la supresión del 40% de los puestos de personal eventual y la de la ejecución de obra pública nueva. Sólo por este último concepto el PSOE cree que dejarán de generarse 10.000 puestos de trabajo, cantidad que se sumaría a los 15.000 empleos públicos que se extinguirían con la puesta en marcha de este plan. En la región hay contabilizados unos 81.000 trabajadores del sector público.

La reducción de los liberados los sindicatos prefieren hablar de delegados sindicales es otra de las señas de identidad de los gobiernos regionales en manos de los conservadores.

Cospedal pretende ahorrar 19,4 millones de euros (el 0,22% del Presupuesto) con lo que la memoria de su plan de ahorro ha calificado de 'acomodación de los derechos sindicales a la normativa estatal'. En este apartado se suprimen las subvenciones a las centrales y se anuncia la reducción de 501 liberados sindicales. La cifra, según el Gobierno regional, quedaría en 284. Los socialistas insisten en que, según la legislación estatal, no podrá reducir más de 150.

Este viernes, el pleno de las Cortes rechazó retirar este plan de ajuste, tal y como habían solicitado el Grupo Socialista con el argumento de que no recorta ningún derecho, sino todo lo contrario: los protege. El déficit de la región es del 4,9 %. Cospedal aseguró el día que presentó este plan su intención de llevarlo al 1,3% del PIB, fijado por el Gobierno central, en año y medio.

Un recorte del 10%, como mínimo

José Antonio Monago, tomó el relevo de Cospedal a la hora de anunciar sus medidas. El dirigente conservador ha asegurado que, como mínimo, el Presupuesto 5.190 millones en 2011 se reducirá en un 10%. Pero no ha descartado que se pueda llegar al 20% en función de las conclusiones que se extraigan de las auditorías que ha encargado desde que aterrizó en la Junta tras las autonómicas.

Hasta la fecha, Monago sólo ha concretado un recorte de unos 200 millones (3,8% del Presupuesto) por la reducción de altos cargos y del personal eventual y de libre designación y por la unificación de centros de trabajo.

El extremeño se ha desmarcado del resto de los barones del PP a la hora de adelantar que él no bloqueará la recaudación del Impuesto de Patrimonio en su comunidad. Hasta la fecha, tampoco estudia reducir el número de liberados sindicales, una de las banderas de la mayoría de los que el 22-M se incorporaron a la lista de nuevos barones conservadores.

El resto de sus medidas han sido lanzadas de forma poco precisa, a grandes rasgos. Sin precisar la cantidad de partida ni la que pretende ahorrarse. Se trata, por ejemplo, de la reducción del 50% de los gastos de publicidad y propaganda, la misma cuantía que se prevé recortar en estudios, gastos jurídicos externos, gastos de representación y dietas y publicaciones y suscripciones periódicas. Más alto, del 75%, es el tijeretazo en protocolo y recepciones oficiales.

En el PSOE están convencidos de que un recorte del 10% del Presupuesto conllevará que partidas 'intocables' como sanidad y educación' acaben viéndose afectadas.

A por los liberados institucionales

El Presupuesto de Balears para 2011 ha rondado los 3.200 millones. Nada más llegar a la presidencia, José Ramón Bauzá anunció la supresión de siete consejerías, 35 direcciones generales y 27 puestos eventuales en el Govern, medidas que según su equipo suponen un ahorro en torno a los 10,7 millones de euros (0,33% del Presupuesto). No obstante, su medida estrella ha llegado esta semana. El pasado martes anunció la supresión de la totalidad de los 89 liberados sindicales institucionales (los pertenecientes a la comunidad), la eliminación de las subvenciones a sindicatos y de los locales sindicales de uso exclusivo. En total, por estos conceptos el ahorro será de 2.955.000 euros, que extrapolado a las cuentas públicas arroja un ahorro del 0,09%. Una cantidad relativamente pequeña que acompaña a una iniciativa bastante polémica.

En el equipo de Bauzá defienden que, 'demostrada la grave situación económica en la que se encuentra la comunidad, el Govern decide suspender cautelarmente todo aquello que implique un incremento de los mínimos fijados' en la legislación en materia laboral.

En la actualidad, el president estudia nuevas medidas de cara a 2012, como la reducción del 60% de los 1,7 millones destinados a publicidad. La estructura de la Administración también adelgazará. Es una de las cláusulas que figuran en el Plan de Saneamiento aprobado por el Ministerio de Economía el pasado julio.

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En el entorno de Bauzá aseguran que, pese a no poder facilitar datos concretos, desde su llegada se ha reducido el empleo de coches oficiales. Según precisan, todos los conductores son funcionarios, por lo que todos aquellos de los que se prescinda tendrán que ser reasignados.

104 medidas para ahorrar 105 millones

Luisa Fernanda Rudi ha optado, hasta la fecha, por dar luz verde a un plan de racionalización del gasto corriente. La presidenta de Aragón ha puesto sobre la mesa 104 medidas que, según los cálculos de su equipo económico, permitirán ahorrar a la región 105 millones en esta legislatura. Estos se sumarían a los 66 millones que el Gobierno regional ha logrado retener con la reducción de altos cargos y asesores y con la retención de crédito aprobada el 30 de agosto.

Las medidas más significativas no se precisa cuáles serán los epígrafes más afectados pasan por reducción de gastos en el parque móvil, telefonía, impresoras, correo, prensa, consumo eléctrico, ahorro de agua, publicidad, alquileres...

Cumplir con el objetivo de déficit

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria, Cristina Mazas, se reunió el pasado viernes en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Juan Manuel López, para analizar las medidas impulsadas por el Ejecutivo liderado por Ignacio Diego de cara a controlar el déficit.

El plan presentado supondría recortar cien millones de euros con la supresión de transferencias corrientes y de capital y aplazando a 2012 algunas inversiones, concretamente aquellas 'que aún no han alcanzado el compromiso de gastos con terceros'. Los detalles no han sido aún precisados por el Gobierno conservador.

En el Ejecutivo regional sostienen, en todo caso, que se protegerá 'el gasto en sanidad, educación y políticas sociales'.