El ultimátum que el PSOE trasladó al PP para desbloquear la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso se encuentra 'en el último minuto', según advirtió ayer al PP el presidente regional, José María Barreda. El líder de los socialistas castellanomanchegos trata de forzar así una respuesta del PP a la última oferta socialista para desperezar la tramitación del Estatuto, después de tres meses de silencio por parte de la dirección conservadora.

Barreda solemnizó el fin del plazo facilitado al PP para fijar una respuesta abierto en diciembre recordando la reunión que celebrará la próxima semana la Comisión Constitucional del Congreso, donde el texto duerme desde octubre de 2008 y, con o sin acuerdo de los conservadores, los socialistas están dispuestos a reactivar su debate para obligar al PP a votar y pronunciarse. 'Ojalá que ahí se escenifique el acuerdo', señaló Barreda. Su deseo es el enésimo recordatorio que el PSOE lanza a los conservadores con una diferencia, 'será el último', según fuentes conocedoras de la negociación consultadas por Público, para 'acabar con una estrategia de la dilación en la que el PP se mueve con comodidad'.

En consonancia con esta paciencia colmada, Barreda reiteró que 'el tiempo se acaba'. Las prisas llaman a un acuerdo en el que la clave del desbloqueo pasaría por rebajar, por segunda vez, una reivindicación histórica de Castilla-La Mancha recogida en el nuevo Estatuto: la derogación del trasvase Tajo-Segura. El texto fue aprobado por las Cortes regionales con el voto del PSOE y el PP y proponía la supresión del trasvase en 2015.La 'tensión territorial', eufemismo con el que Barreda aludió al rechazo de Murcia y la Comunitat Valenciana a esta aspiración forzó a los socialistas a mutar el fin del trasvase en una reserva hidráulica de 6.000 hectómetros cúbicos que garantice agua para Castilla-La Mancha.

Ante la resistencia del PP y de los socialistas de Murcia y Valencia el PSOE volvió a recortar sus pretensiones en aras del consenso y transmitió a los conservadores la posibilidad de reducir la reserva a 4.000 hectómetros cúbicos.

Esta propuesta no fue confirmada ayer por Barreda para 'no dar pistas a quienes están en contra del Estatuto'. El Ejecutivo y la dirección federal socialista conocen y respaldan las tesis del presidente regional y trabajan con discreción con un PP en el que la disciplina está menos trabajada. Valencia y Murcia mantienen en entredicho la autoridad de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, que encabeza su partido en Castilla-La Mancha y votó a favor del texto que repudian los barones conservadores de Levante.

El mismo rechazo muestran los socialistas de Murcia y Valencia, pero están en la oposición. El PSOE murciano no acepta 'ni 500, ni 1.500, ni 4.000, ni 6.000 hectómetros de reserva', advirtió el líder murciano, Pedro Saura. Su rechazo coincidió literalmente con el de Jaime García Legaz, diputado del PP por Murcia: 'Ni 6.000 hectómetros, ni 600, ni 60; el agua debe estar fuera del Estatuto'.