Este artículo se publicó hace 12 años.
Las brigadas antirracistas de Madrid critican que Cifuentes les desdeñe
La delegada del Gobierno recibe pero no atiende a los vecinos que impiden las detenciones por motivos de raza, a quienes culpó de ejercer "presión" sobre la policía
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos han criticado hoy que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no se retracte de sus críticas dirigidas a este colectivo, que vela porque no se produzcan detenciones ni redadas racistas en la capital.
Las Brigadas han afirmado que no asume su responsabilidad sobre las identificaciones masivas de inmigrantes y criticaron que Cifuentes no estuviese presente en una reunión en la Delegación del Gobierno. Según informan en un comunicado, únicamente les saludó y les dejó con el subdelegado, Mario Gómez-Aller, y el director de seguridad ciudadana de esa institución.
El colectivo ha criticado que los representantes de la Delegación se negasen a rectificar, basándose en la libertad de expresión, las declaraciones de Cifuentes en las que había asegurado que las Brigadas ejercían "presión" sobre la Policía para evitar detenciones o identificaciones en Lavapiés. Recientemente, la reacción de un policía, que realizó dos disparos al aire en el castizo barrio madrileño tras arrestar a un mantero, agitó a la comunidad inmigrante y a los defensores de sus derechos.
Los vecinos lamentan que Cifuentes no se haya retractado de sus acusacionesTambién ha lamentado que negasen que existen redadas racistas, como le exigieron las Brigadas, pero reconociera que estas intervenciones "han bajado alrededor de un 40%" desde la reciente circular de Interior que las prohíbe expresamente. En opinión del colectivo, esa circular "mantiene los controles de identidad por perfil racial, asocia migración y delincuencia e incurre en vulneración de derechos y libertades fundamentales". Según la Delegación "se ajusta a la legalidad".
Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos han criticado también que la Delegación se negó, argumentando que supondría un delito de prevaricación, a retirar las sanciones administrativas impuestas a sus miembros, lo que en su opinión refleja "el acoso y la persecución a la defensa de los derechos humanos". "Así pues, la Delegación del Gobierno no reconoce que exista hostigamiento ni se compromete a dar instrucciones para respetar la labor de las defensoras de los derechos humanos, aún cuando la propia delegada del Gobierno hiciera un llamamiento a denunciar las redadas racistas", concluye el comunicado.
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