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Las brigadas antirracistas de Madrid critican que Cifuentes les desdeñe

La delegada del Gobierno recibe pero no atiende a los vecinos que impiden las detenciones por motivos de raza, a quienes culpó de ejercer "presión" sobre la policía 

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Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos han criticado hoy que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no se retracte de sus críticas dirigidas a este colectivo, que vela porque no se produzcan detenciones ni redadas racistas en la capital.

Las Brigadas han afirmado que no asume su responsabilidad sobre las identificaciones masivas de inmigrantes y criticaron que Cifuentes no estuviese presente en una reunión en la Delegación del Gobierno. Según informan en un comunicado, únicamente les saludó y les dejó con el subdelegado, Mario Gómez-Aller, y el director de seguridad ciudadana de esa institución.

El colectivo ha criticado que los representantes de la Delegación se negasen a rectificar, basándose en la libertad de expresión, las declaraciones de Cifuentes en las que había asegurado que las Brigadas ejercían 'presión' sobre la Policía para evitar detenciones o identificaciones en Lavapiés. Recientemente, la reacción de un policía, que realizó dos disparos al aire en el castizo barrio madrileño tras arrestar a un mantero, agitó a la comunidad inmigrante y a los defensores de sus derechos.

También ha lamentado que negasen que existen redadas racistas, como le exigieron las Brigadas, pero reconociera que estas intervenciones 'han bajado alrededor de un 40%' desde la reciente circular de Interior que las prohíbe expresamente. En opinión del colectivo, esa circular 'mantiene los controles de identidad por perfil racial, asocia migración y delincuencia e incurre en vulneración de derechos y libertades fundamentales'. Según la Delegación 'se ajusta a la legalidad'.

Las Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos han criticado también que la Delegación se negó, argumentando que supondría un delito de prevaricación, a retirar las sanciones administrativas impuestas a sus miembros, lo que en su opinión refleja 'el acoso y la persecución a la defensa de los derechos humanos'. 'Así pues, la Delegación del Gobierno no reconoce que exista hostigamiento ni se compromete a dar instrucciones para respetar la labor de las defensoras de los derechos humanos, aún cuando la propia delegada del Gobierno hiciera un llamamiento a denunciar las redadas racistas', concluye el comunicado.