La Comisión Europea cuestionó ayer el veto a los trabajadores rumanos que lleguen a España sin un permiso de trabajo. La medida, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, fue comunicada ese mismo día a Bruselas, según indicóChantal Hughes, portavoz del Ejecutivo comunitario. La Comisión espera analizar la reintroducción de los permisos en los próximos días para dictaminar si violan o no la ley comunitaria antes del 1 de agosto, cuando entra en vigor.

'No es imposible suspender esta libertad de movimiento, pero sólo puede hacerse en condiciones excepcionales', advirtió. Según Bruselas, España debe 'poner las cosas en perspectiva' y no apresurarse a la hora de reintroducir una medida de carácter transitorio. Aunque Hughes no adelantó ninguna conclusión, sí dejó patente que Bruselas no ve con buenos ojos lo que puede considerarse como una marcha atrás del Gobierno.

España es el primer país que pide reintroducir una medida de este tipo

Rumanía y Bulgaria son los socios más jóvenes de la Unión Europea, ya que se integraron como socios 26 y 27 en el año 2007. Como en anteriores procesos de ampliación, su tratado de adhesión incluyó un plazo en el que se permite al resto de estados miembros exigir un visado de trabajo a los ciudadanos rumanos o búlgaros que pretendan trabajar por cuenta ajena. Ese período termina en 2014, pero el Gobierno ya había decidido levantar la restricción para ambos países a finales de 2007. Su restablecimiento, decidido el viernes, afecta sólo a los ciudadanos rumanos, que en España son en la actualidad algo menos de 900.000. Mientras que Rumanía ha desbancado a Ecuador como primer país en cuanto a la nacionalidad de inmigrantes en España, la presencia de ciudadanos búlgaros es mucho menor.

La Comisión reconoció ayer que España es el primer país que pide reintroducir una medida de este tipo, que otros países todavía no han levantado y que está concebida como proceso de transición hacia la libre circulación de trabajadores y no viceversa. Según Hughes, 'es necesario que el Gobierno demuestre que hay un riesgo de distorsión o impacto mayor en el mercado laboral'. La portavoz insistió en que 'tiene que haber cifras que demuestren' que la restricción es necesaria y recordó que en los últimos años la inmigración ha bajado de manera general en todos los Estados miembros, incluido España. Sus palabras matizan la posición expresada la semana pasada por el Ejecutivo comunitario, que advirtió de que 'en principio', el Gobierno no podría reintroducir los permisos.

Sin embargo, la reacción inicial de Bruselas sí pone en duda los motivos del Gobierno, que asegura querer 'evitar que estas personas caigan en la economía sumergida y sean víctimas de abusos y explotación laboral', en palabras de José Blanco, ministro de Fomento y portavoz del Ejecutivo. El viernes, Blanco recordó que la medida no se aplicará a a la libertad de circulación ni a los trabajadores que se encuentren ya en España y recordó que cualquier ciudadano con un permiso de trabajo podrá entrar en el país sin trabas. El mismo día, el titular de Trabajo, Valeriano Gómez, añadió otra de las razones. 'La capacidad de absorción de la economía española de nuevo empleo se ha limitado y nuestra situación ya no es la misma', aseguró, refiriéndose así a la alta tasa de desempleo.

La UE recuerda que retomar el veto sólo puede hacerse con carácter excepcional

La Comisión determinará ahora si acepta la argumentación del Gobierno, centrada más en unos malos datos del paro debido a la crisis que en los ciudadanos rumanos como amenaza para el sistema laboral. De hecho, el tratado de adhesión permite la reintroducción de los permisos de trabajo sólo cuando el país de acogida 'sufra o prevea perturbaciones en su mercado de trabajo que puedan poner en grave peligro el nivel de vida o el índice de empleo en una determinada región o una determinada profesión', una situación que los ciudadanos de Rumanía no parecen haber causado, según las sospechas de Bruselas.

Si Bruselas finalmente dictamina que la reintroducción de los permisos de trabajo es contraria al tratado de adhesión de Rumanía, la medida pasará a ser debatida por el Consejo, la institución que agrupa a los Gobiernos de los 27, incluidos el rumano y el búlgaro. Sin embargo, bastaría con que una mayoría cualificada de países apoyasen a España para que la decisión de Madrid no tuviese que ser revocada.

Si Bruselas rechaza la medida española, la decisión pasará al Consejo

La reintroducción de los permisos de trabajo no es el único expediente sobre la libertad de circulación que en estos momentos estudia la Comisión Europea. Técnicos del departamento de Interior se desplazaron hace dos semanas a Dinamarca para supervisar los nuevos controles fronterizos, introducidos hace dos semanas, que siguen sin satisfacer a Bruselas.

Los nuevos controles daneses, de carácter permanente, llegan meses después de un espectacular control de pasaportes llevado a cabo por Francia en su frontera con Italia tras la llegada de miles de inmigrantes tunecinos. El portavoz de la comisaria responsable de supervisar la aplicación del acuerdo Schengen, que regula la libre circulación de personas, reprendió ayer a París por 'violar el espíritu' de las reglas comunitarias. Según Michele Cercone, Francia respetó el acuerdo, pero sólo sobre el papel.