El espíritu del que el Gobierno quiere impregnar los cambios fiscales adoptados en la financiación autonómica se resume en uno de los párrafos del acuerdo, que reconoce la pretensión de 'fomentar los aspectos más visibles de la corresponsabilidad fiscal, de modo que los ciudadanos puedan reconocer fácilmente el impuesto que pagan al Estado y aquel que va destinado a su comunidad autónoma'.

Y, es que el nuevo modelo aprobado este miércoles aumenta el grado de independencia de las autonomías en cuanto a gestión de recursos tributarios pero también las pone en el disparadero de los gastos. El 50% del IRPF pasará a manos autonómicas (frente al 33% actual) y también lo harán el 50% de la recaudación por IVA y el 58% de los Impuestos Especiales. Con las nuevas competencias, también vendrán nuevas responsabilidades para las comunidades.

La cesión del Gobierno para que las comunidades gestionen el IRPF (en los otros impuestos cede lo recaudado pero no la gestión) ha sido a cambio de incrementar lo que denomina mecanismos de 'visibilidad' en los que se distinga lo que va al Estado y lo que va a la comunidad autónoma. Incluso, la Hacienda estatal pretende dar un paso más: que la comunidad autónoma explique dónde va lo que recauda en los impuestos.

Aún no está claro cómo se instrumentará esta visibilidad pero lo que es evidente es que la Administración Central, que apenas gestiona una quinta parte del gasto total del Estado, quiere dejar de asumir responsabilidades, al menos de cara a la creencia popular, sobre la mala gestión de lo que al final son competencias autonómicas, como la sanidad y la educación .

Los expertos creen que los cambios fiscales son una 'operación de márketing', en la que el Estado quiere dejar de ser el malo de la película. Así, hasta ahora las comunidades se financiaban mediante los tributos cedidos y las transferencias. Un experto en financiación recuerda que 'cuando no había dinero para acabar una carretera, lo más fácil era decir: el Estado no me da más'.

Además del efecto sobre la imagen, los nuevos cambios pueden volver a desatar una carrera de competencia fiscal entre comunidades autónomas. Hasta ahora, las comunidades habían utilizado algunos impuestos cedidos, como Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, para competir en ventajas fiscales para sus ciudadanos. Ahora, la reforma de la financiación autonómica abre la puerta a modificaciones de más calado ya que permite a las Haciendas regionales cambiar los mínimos personales y familiares (con un máximo al alza o a la baja de un 10% sobre el marcado por el Gobierno central) e, incluso, alterar la escala de la tarifa que apliquen a sus residentes. Persiste la necesidad de que ésta sea progresiva (que paguen más los que más ganan) pero ahora el número de tramos puede ser distinto al propuesto desde Madrid.

Jesús Ruiz-Huerta, ex director del Instituto de Estudios Fiscales y actualmente en la Universidad Rey Juan Carlos, no espera que las comunidades utilicen de forma inminente estas nuevas competencias para rebajar impuestos, debido a la delicada situación económica. Sin embargo, recuerda que una política fiscal responsable incluye modificaciones a la baja, pero también al alza, dependiendo de la circunstancia de cada comunidad autónoma.