Camps desafía al Gobierno y autoriza el derribo del Cabanyal

El Gobierno valenciano (PP) ha aprobado de manera urgente y excepcional ampliar la protección del barrio marinero de El Cabanyal para derruirlo sin interferencias. Esta medida, en forma de decreto-ley, se incubó durante las últimas 48 horas en los despachos del Ayuntamiento y la Generalitat. Su gran artífice fue la alcaldesa Rita Barberá, que el martes pasado se declaró en rebeldía contra una orden del Ministerio de Cultura que prohíbe y considera "expolio" la ejecución de un plan urbanístico que reduciría a escombros centenares de casas con un alto valor patrimonial.

La alcaldesa agradeció a Camps "su rápida respuesta a la invasión del Gobierno central" y confirmó que las excavadoras no abandonarán el Cabanyal. De hecho, las presiones de Barberá para des-activar el dictamen de Cultura se substanciaron a través del Decreto-Ley de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia.

La alcaldesa de Valencia agradece a Camps

Esta medida, con rango de ley, blinda la trama urbana del Cabanyal, catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1993, "frente a cualquier acuerdo ministerial", sentenció la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. "En realidad, se trata de un envoltorio legal para aislar al Cabanyal de la orden de Cultura y acometer el derribo de buena parte de la trama urbana que asegura proteger", aseguraron fuentes jurídicas. Según estas mismas fuentes, es Cultura quien tiene competencias sobre los BIC "por mucho que el Consell otorgue calidad de ley a la del Cabanyal".

Otro escenario posible es que el Gobierno valenciano suprima la consideración de BIC. En ese caso, sin la tutela del ministerio, las calles del Cabanyal quedarían inermes ante una intervención urbanística a medio plazo, ya que la Ley de Patrimonio Valenciano obliga al Consell a reunir informes técnicos que justifiquen la descatalogación. De no ser así, el Gobierno de Camps podría enfrentarse a un recurso de inconstitucionalidad.

Los afectados están "alarmados" por el "totalitarismo" de la Generalitat

Los vecinos que se oponen al plan del Ayuntamiento valenciano se mostraron "estupefactos e indignados" con el nuevo decreto ley. Según Maribel Doménech, portavoz de la plataforma Salvem el Cabanyal, "no se trata de un desafío contra el ministerio ni contra los residentes, sino contra el Tribunal Supremo", que es quien encargó a Cultura en mayo de 2009 el informe sobre el patrimonio del Cabanyal. En ese sentido, Domenéch aseguró sentirse "alarmada" por el "totalitarismo" del Gobierno valenciano, que pretende "cambiar lo que no le gusta a golpe de ley".

En la misma línea se pronunció la oposición. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, calificó de "inadmisible" desproteger un barrio para "derribarlo porque quieren ampliar una avenida". Por este motivo instó a Camps a rehabilitar el Cabanyal "y recuperar un barrio de referencia".

Más duro fue Enric Morera, portavoz del grupo parlamentario Compromís, quien acusó al Gobierno valenciano de querer "borrar del mapa el Cabanyal para que triunfe el urbanismo salvaje frente a la protección del legado histórico".