Camps, 'Gürtel' y la maltratada ley de contratos públicos

El juicio del caso de los trajes ha aireado ante la opinión pública el catálogo de presuntos amaños de los que se beneficiaba la red para hacerse con contratos públicos en el País Valencià. Ante el juez desfilaron como testigos una treintena de altos cargos de la Generalitat que tenían en común haber participado en alguna adjudicación a Orange Market, la empresa de la trama en Valencia. Casi todos sufrieron el interrogatorio del abogado de la acusación popular, ejercida por el PSOE, que puso de manifiesto a través de sus preguntas las supuestas irregularidades que permitieron a la Generalitat contratar a la trama sin atender a los principios de publicidad y concurrencia que marca la ley.

El recurso más utilizado fue el de trocear grandes encargos en contratos de menos de 12.000 euros. Ese es el límite para contratar a una empresa sin necesidad de un contrato público. La maniobra se llevó a cabo en las áreas de responsabilidad de varios de los altos cargos que pasaron como testigos ante el juez. Entre ellos, estaba el actual alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. En aquellos años, ostentaba un importante puesto en la Conselleria de Sanidad. Desde allí, organizó un acto que costó en total entre 50.000 y 60.000 euros. Pero ese gasto se desglosó en varios contratos menores de objetos tan parecidos como "saneamiento, escenografía, montaje y desmontaje" o "instalación de moquetas, instalación eléctricas y telas". Bataller culpó a sus antecesores en el cargo: "Trabajamos con los antecedentes de la Conselleria de Sanidad y esta gala se había hecho otras veces". Ante hechos parecidos, otros altos cargos interrogados dijeron "no sé" o "no recuerdo".

Otro supuesto amaño para beneficiar a la trama fue el de invitar a tres empresas de la misma red para elegir entre ellas al adjudicatario de un solo contrato. O primar los criterios subjetivos como la creatividad sobre los objetivos como el precio. Así sucedió supuestamente para la adjudicación del montaje del stand de Fitur, con el que Orange Market se hizo durante cinco años seguidos.

La contratación ilegal de la Generalitat valenciana con la trama está siendo investigada en otro procedimiento, abierto también en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. En la misma instrucción se analiza el presunto delito de financiación ilegal del PP autonómico. En el caso no está imputado Francisco Camps, pero sí cinco diputados del PP. Dos de ellos, Milagrosa Martínez y David Serra, fueron también citados en el juicio del caso de los trajes. Ambos hicieron uso de su derecho a permanecer en silencio. No dieron explicación alguna pese a que ambos siguen en sus escaños. Serra es, además, alto cargo en el PP.