La Generalitat Valenciana pagó una factura a una empresa de la trama Gürtel cinco meses después de que estallara el escándalo. Fue Orange Market, la filial valenciana del entramado dirigida por Álvaro Pérez, el Bigotes, la que recibió el ingreso, que ascendió a 606.100 euros. Así consta en la factura, que ayer hizo pública Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas. El pago se produjo en julio de 2009, aunque los presuntos desvíos de dinero público de estas empresas se conocían desde febrero de ese año. Además, en ese momento Pérez había sido ya imputado y su socio, Francisco Correa, encarcelado de forma preventiva.

El concepto por el que la mercantil de Álvaro Pérez se embolsó tal cantidad fue el 'diseño, montaje y desmontaje del stand para Fitur 2009'. El departamento que abonó el pago fue la Conselleria de Turisme, dirigida en aquel momento por Angélica Such. Ella misma había anunciado en febrero que la Administración dejaría de trabajar con esta empresa, debido a los presuntos delitos que la Audiencia Nacional estaba investigando.

La Generalitat alega que había que pagar por el trabajo ya realizado

Fuentes de la Conselleria de Turisme contestaron ayer a Luna a través de un comunicado enviado a Europa Press en el que acusaron al PSOE de 'faltar a la verdad' e 'intentar manipular los datos'. El departamento explicó que el pago estaba pendiente desde enero, cuando la empresa hizo los trabajos. Según afirmaron, Turismo, 'previo informe de la Abogacía de la Generalitat, lo que hizo con este pago fue resolver un contrato con un proveedor de servicios seis meses después'. El departamento recalco que Orange Market obtuvo la adjudicación después de superar un concurso público.

La empresa organizó Fitur para la Generalitat durante cinco años seguidos. Y, efectivamente, un repaso a la historia de la mercantil muestra que se convirtió en contratista de la Generalitat gracias a un concurso público. Pero ya en su comparecencia de febrero de 2009, Such reconoció anomalías en la adjudicación, ya que Orange Market obtuvo la mejor puntuación en el concurso de ese año (20 puntos sobre 20, remachó la consellera), pese a que presentó la peor oferta en el criterio más importante: el del precio. Además, según informes policiales contenidos en el sumario del caso Gürtel, la contratación estuvo viciada desde el principio, ya que la empresa resultó adjudicataria después de recibir información privilegiada sobre las bases del concurso público.

Luna destaca la celeridad en el abono frente a la lentitud habitual

La compañía dirigida por el Bigotes es, además, una de las piezas principales en la presunta financiación ilegal del PP valenciano, que ha sido denunciada por la Fiscalía Anticorrupción. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid halló indicios de este delito en políticos aforados pertenecientes al PP, momento en el que decidió inhibirse a favor del órgano homólogo en Valencia. En estos momentos el tribunal valenciano estudia si asume o no la instrucción.

En uno de los informes policiales incorporados al sumario, fechado en julio de 2010, Orange Market aparece como la destinataria del pago en negro de 846.000 euros durante 2008, dinero destinado a saldar gastos electorales de los conservadores. La mitad de esta cantidad la abonó el PP y la otra mitad, las tres empresas con más adjudicaciones públicas de la Generalitat.

Orange Market fue contratada de forma irregular, según informes policiales

La Fiscalía ha solicitado al TSJ valenciano que las presuntas prácticas electorales delictivas de los conservadores se investiguen en la misma causa que el llamado caso de los trajes. En este último proceso, el president Francisco Camps está imputado por recibir regalos de Álvaro Pérez, entre otros empresarios.

Luna aseguró ayer que la empresa cobró con gran rapidez. La factura está fechada el 2 de febrero, pero no se presentó en el registro de entrada hasta el 1 de junio. A partir de esta fecha, pasó sólo un mes y un día hasta que se produjo el pago. La celeridad contrasta con las continuas quejas de los proveedores de la Administración sobre la asfixia económica que les produce la lentitud en los pagos. Hay empresas que tienen facturas pendientes desde hace años. Es el caso de la mayoría de los proveedores de la Sanidad valenciana, que, organizados en una plataforma, han llegado a amenazar con dejar de servir material por falta de pago.

Pablo Llarena, portavoz de la principal asociación de jueces, la APM, aseguró ayer a ‘Público' que el auto del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) sobre el ‘caso de los trajes' no ofrece duda: 'Entiendo que ordena la acumulación', dijo .

A la pregunta de si el juez instructor, José Flors, podría separar en dos el caso, su respuesta fue tajante: 'No, no, no puede desgajarlo'. Llarena cree que el auto obliga a Flors a investigar a quienes pagaron los trajes -el trío ‘Gürtel' formado por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez- junto con quienes los recibieron, con Camps en cabeza. Llarena subrayó que Flors sí tiene plena libertad para decidir si la compra de regalos reviste natureleza delictiva 'y cuál es su alcance'.