“Los centros de menores no acompañados de Canarias están desbordados”. La consejera de Bienestar Social de Canarias, Inés Rojas, aseguró este miércoles que su comunidad trasladará de manera urgente “en los próximos días” a la Península a 200 de los 1.200 inmigrantes menores de edad que tutela en las islas. “Sólo tenemos plazas para 300. Los otros 700 tendrán que esperar a la solidaridad del resto de comunidades”, dijo tras la clausura de la I Conferencia Sectorial de Inmigración, constituida ayer y presidida por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que reunió a los máximos representantes estatales y autonómicos en materia de inmigración.

Rojas recibió el compromiso solidario de varias autonomías y del Ministerio, e insistió en que “si hasta ahora hemos estado solos en el drama de Canarias, hoy me voy aquí con la mano tendida del Ministerio, que se ha comprometido con nuestras peticiones”.

Además, en la Conferencia se abrió una reflexión sobre la distribución del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes, muy criticada por la Comunidad Valenciana, que aseguró recibir sólo un 10% de las partidas pese a dar acogida a cerca del 16% de los inmigrantes. Según la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, también se trasmitieron “la próxima reforma de la Ley de Extranjería y las líneas de trabajo del Gobierno y el Ministerio”.

Las comunidades autónomas felicitaron a Corbacho y agradecieron la constitución de la Conferencia Sectorial, el carácter “abierto” del ministro y el nuevo discurso ministerial. “Habrá un giro de 180 grados en la política de inmigración del Gobierno”, dijo el consejero de Interior de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que compareció ante los medios en representación de las autonomías gobernadas por el Partido Popular.

El consejero castellano-leonés aseguró que, si realmente el Gobierno piensa realizar ese giro en la política de inmigración, “será fácil para el PSOE” votar a favor de las proposiciones no de ley del PP en el Congreso, respecto a control de fronteras, regularizaciones masivas y el levantamiento de la moratoria sobre los trabajadores rumanos y búlgaros.

Rumí negó el “giro” al que hizo referencia Fernández Mañueco y matizó que el levantamiento de la moratoria está todavía en fase de estudio y que seguirá en vigor como mínimo hasta el 31 de diciembre, como está firmado.

La diferencia entre la política actual y la de hace cuatro años está marcada por una coyuntura “diferente”, matizó. Las cifras de empleo y el nuevo dibujo de la inmigración han hecho cambiar las prioridades, con un “mayor fomento” del empleo nacional, recordó.

Los cuatro ejes del Gobierno siguen siendo “la lucha contra la inmigración clandestina, el orden y control laboral, la cooperación con los países y la integración de los inmigrantes que están en España”, agregó Rumí.