Cáritas Diocesana, la mayor organización católica de asistencia social de España, denunció ayer "el aumento de los controles de identificación" a inmigrantes en sus centros y en las inmediaciones de estos. La ONG pidió a la Policía que realice estas visitas en las que solicita datos de personas según rasgos étnicos o características particulares únicamente cuando sea necesario, haya "una situación de peligro real" o "para intervenir ante una infracción penal", pero no de forma general. Cáritas recuerda que sus sedes son "un lugar de acogida, de refugio, de escucha y de seguridad" para los más vulnerables y que la presencia policial tiene un efecto disuasorio.

"Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado llegan con distinta periodicidad para solicitar información de carácter personal sobre los inmigrantes acogidos en los centros", explicó ayer el secretario general de la ONG, Sebastián Mora, en la presentación del informe La situación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas. No obstante, Mora advirtió de que "si no hay delito ni orden judicial, no se les dan los datos".

La presencia de agentes se duplicó en 2010 en una veintena de centros

Un veintena de centros de la organización aseguran que las solicitudes de información se duplicaron en 2010. Los responsables de tres de ellos señalan que la policía contactó con ellos al menos una vez cada mes. Otros cinco recibieron una visita cada tres meses y un tercio de las 54 sedes que participaron en el estudio señala que la Policía llegó una o dos veces al año.

Desde que se filtró a los medios, en 2009, una orden interna de la Policía que establecía la detención de un mínimo de 35 irregulares por semana en una sola comisaría, el Ministerio del Interior ha negado reiteradamente estas prácticas. Sin embargo, el pasado martes, la ONU dio un tirón de orejas al instar a España a eliminar los controles policiales en función de criterios étnicos o raciales. En sus visitas a los centros de Cáritas, los agentes aseguran, en la mayoría de los casos, que se trata de dispositivos de búsqueda de delincuentes, según Mora.

La ONG da asistencia a cerca de 150.000 sin papeles, que representan, según sus cálculos, una cuarta parte del total en España (entre 400.000 y 800.000, según el sindicato CCOO).

Interior niega de forma reiterada que esté haciendo controles selectivos

"Estas prácticas de control e identificación selectiva, que se han incrementado en nuestras ciudades, e incluso, en nuestros centros, son un reflejo de una política migratoria preocupada por lanzar un mensaje a la sociedad española de control de la migración irregular y de eficacia en la expulsión, visibilizando al migrante en situación irregular como un presunto delincuente", denuncia el informe.