Caracterizada por una brevedad que amenaza con incorporarla al Libro Guinness de los Récords, la comisión municipal de investigación del caso Guateque puso ayer fecha a su propio entierro. Para alivio del PP, la comisión quedará oficialmente liquidada el próximo día 28, después de que sus siete miembros hayan celebrado una sola reunión –la constituyente, el 31 de enero– y sin que ante ella haya desfilado ninguno de los 31 funcionarios imputados por el supuesto cobro de dinero a cambio de licencias. Ni, tampoco,  ninguno de los responsables políticos de las áreas y distritos involucrados en la que todos los indicios dibujan ya como la mayor trama de corrupción destapada en  Madrid. Entre los imputados figura  Luis Armada, ex gerente de Urbanismo y actual viceconsejero de Transportes en el Gobierno Aguirre.

Con alegría indisimulada, el portavoz del PP en la comisión, Miguel Ángel Villanueva, anunció por la tarde el “acuerdo unánime” para que, con los expedientes bajo sospecha como único soporte, los tres grupos municipales emitan el día 28 sus respectivos dictámenes. Tres días más tarde, el pleno municipal se pronunciará sobre el asunto. Y, salvo terremoto o giro copernicano, el carpetazo será definitivo. El portavoz del PSOE, David Lucas, negó la existencia de un acuerdo para tal carpetazo y acusó al PP de usar “el rodillo” de la mayoría absoluta para “obstruir” la investigación. Y el portavoz de IU, Ángel Pérez, subrayó que el único acuerdo era el de la existencia de un “profundo desacuerdo” sobre las comparecencias. Ni PSOE ni IU forzaron ayer en la junta de portavoces una votación en la que el PP habría impuesto su lista de comparecientes –limitada a los imputados– pero que habría mantenido viva la comisión. Ambas formaciones sostienen que carecía de sentido. “Para qué preguntarles a los imputados lo que ya va a preguntarles el juez”, argumentó luego Pérez.

Ante la pregunta de por qué el PP se ha opuesto a que declaren en la comisión responsables políticos -PSOE e IU  pedían, entre otras, las de más de una docena de concejales- , Villanueva se aferró al último auto del juez instructor del caso, Santiago Torres. El magistrado ha denegado la solicitud que, apoyada por el fiscal, había formulado el PSOE para que citase como imputados a 14 altos cargos municipales.

Torres  entiende que tal solicitud resulta “irrelevante e improcedente”, dado que aún no se ha realizado la auditoría encargada para verificar si existe algún indicio de que incurrieron en delito esos 14 altos cargos. Son aquellos señalados en su segunda declaración judicial por el presunto cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos, a quien el juez no otorga crédito.