El caso 'Emarsa' amenaza con salpicar de lleno al PP de Fabra

La instrucción del enésimo caso de presunta corrupción en Valencia amenaza con añadir un nuevo imputado a la ya larga lista de investigados del PP regional. La Fiscalía Provincial de Valencia pidió ayer al juez instructor del llamado caso Emarsa que se tome declaración "en calidad de imputado" a Enrique Crespo, vicepresidente segundo de la Diputación provincial y alcalde de la localidad de Manises.

Crespo ocupaba la presidencia del Consejo de Administración de la empresa pública Emarsa, gestora de la depuradora de Pinedo. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia investiga a nueve personas entre directivos y empresarios proveedores de la entidad. Se les atribuyen los presuntos delitos de estafa continuada, malversación de caudales públicos y delitos societarios por administración desleal.

La instrucción comenzó por una denuncia del PSOE en octubre de 2010, después de que una auditoría pusiera de manifiesto un gran agujero contable en las cuentas de la depuradora. Los socialistas denunciaron que Emarsa acumulaba un déficit de al menos 16 millones de euros y contratos no justificados por valor de 32 millones. El PSOE, personado como acusación popular en la investigación judicial, estima ahora que el presunto desfalco cometido en Emarsa alcanzó los 40 millones de euros desde que Enrique Crespo llegó a la presidencia del Consejo de Administración.

El agujero en la empresa pública suma los 40 millones, según el PSOE 

Durante la investigación han trascendido detalles llamativos sobre la gestión de la empresa pública en los años de gestión económica. Entre los muchos gastos sospechosos conocidos está el gasto de 4,5 millones de euros en dos empresas de informática pese a que Emarsa sólo contaba con 30 ordenadores. Se descubrió, además, que la depuradora había pagado a varias empresas por hacer un mismo trabajo.

La Fiscalía pidió ayer la imputación de Crespo después de escuchar durante los últimos días la declaración del principal imputado, Esteban Cuesta, que desde 2004 y hasta que comenzó la instrucción en 2010 fue gerente de la empresa pública. El exdirectivo tiene, además, lazos con el PP de la ciudad de Valencia, puesto que fue durante ocho años alcalde pedáneo de un barrio de la ciudad. En sus comparecencias, Cuesta ha puesto a Crespo en el foco de atención del proceso judicial, al afirmar que conocía todas las presuntas irregularidades que se llevaban a cabo en Emarsa.

Cuesta detalló que fue Crespo el que lo eligió para el cargo. En este sentido, el escrito de la Fiscalía detalla que "asumió la gerencia sin haber recibido formación alguna en materia de gestión de empresas ni antes del nombramiento ni después de haber sido nombrado". El gerente explicó ante el juez que mantenía unas seis reuniones al mes con Crespo en el que este le indicaba las decisiones que había que tomar. Los encuentros, afirmó, se producían en el despacho de la alcaldía de Manises, en la Diputación o en cafeterías.

El gerente acusa al alto cargo del PP de ordenar las irregularidades 

El presidente del consejo de administración era, según este testimonio, conocedor y promotor de todas las irregularidades. Cuesta lo acusa, además, de indicarle que adquiriera regalos de lujo con el dinero de la empresa pública. Según se desprende de la investigación, Emarsa pagó facturas de joyería, relojería o acce-sorios de automóvil. Cuesta narró que en la empresa había catálogos de marcas como Loewe o Mont Blanc, y que era Crespo el que decidía qué regalos se adquirían y quiénes serían sus destinatarios.

Por su parte, Enrique Crespo siempre ha sostenido que desconocía los presuntos delitos cometidos en el seno de la entidad. Ayer emitió un comunicado recogido por Europa Press en el que acusó a Esteban Cuesta de "reiteradas faltas a la verdad". Afirma que, en el caso de tener que declarar como imputado, "esta será la mejor manera de defenderme ante la ley con todos los garantes que pone a disposición de los ciudadanos la Justicia".

El alcalde de Manises y número tres de la Diputación provincial deseó que "todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han cometido las presuntas irregularidades y, a diario, lanzan injurias y calumnias hacia mi persona de forma tan grave".