El caso del juez Tirado, cuya sanción de 1.500 euros por no haber encarcelado al pederasta que luego asesinó a la niña Mari Luz considera escasa el Gobierno, ha abierto la espita de la rebelión judicial contra lo que el sector tacha de “injerencia” política.

Hoy, la justicia española será más lenta hasta rozar la parálisis: los secretarios judiciales están convocados a secundar una huelga de tres horas a partir de las diez de la mañana por el castigo impuesto a la secretaria del juzgado de Tirado: dos años de suspensión de empleo y sueldo. Y buena parte de los 4.200 jueces españoles acudirán, mayoritariamente también en horario laboral, a las juntas generales convocadas por cada decano: no es una huelga, dicen los jueces, pero los efectos serán idénticos.

El pulso al Gobierno ha comenzado. Y, mientras, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), intenta encauzar las aguas con la doble promesa de “liderar” la demanda de modernización de la justicia y  de  “defender la independencia de los jueces frente a cualquier injerencia”.Aunque el Ministerio de Justicia ha establecido para la huelga de secretarios judiciales servicios mínimos de entre el 30% y el 50%, numerosos juicios y actuaciones previstas tendrán que suspenderse. La huelga obedece a razones puramente “corporativas”, arremetió el Ministerio de Justicia a través de un comunicado.

De los jueces, ni una palabra.Reproche al CGPJLa temperatura del conflicto no cesa de subir. Ayer, los responsables de las tres asociaciones judiciales, primero, y, luego, los 14 decanos de las principales jurisdicciones españolas transmitieron al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, su malestar por la tardía reacción ante los pronunciamientos públicos que sobre el caso Mari Luz han efectuado en las últimas semanas el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega.

Decepcionados por que el juez sólo haya recibido una pequeña sanción económica, ambos han declarado sus esperanzas de que el nuevo CGPJ la eleve. El fiscal pide que se suspenda por tres años a Tirado.

“El reproche fundamental” al Consejo fue la falta de una respuesta unánime y rauda a las “intromisiones” políticas,  contó luego a los periodistas José Luis González Armengol, decano de Madrid. Fue Armengol quien usó el término “espita” para explicar cómo el caso Tirado ha sido el  detonante de la protesta.

Y es ésta una protesta donde se amalgaman la queja por la secular falta de medios y la indignación por el hecho de que un cargo del Gobierno opine sobre el expediente a un juez. Para Bermejo, el de ayer no fue un buen día: en Madrid, el Tribunal Superior rebajó sustancialmente los servicios mínimos impuestos a los secretarios.Los jueces, que no descartan convocar huelga –y nadie parece tener claro si legalmente les asiste o no ese derecho–,acordarán hoy “delimitar la carga de trabajo” que cada juzgado puede asumir.

El decano de los juzgados de Madrid, José Luis González Armengol, anunció a los periodistas que los jueces pedirán la aprobación de un reglamento en virtud del cual los asuntos inasumibles “no vayan a reparto”. ¿Tendrá el CGPJ manos libres para decidir si confirma o eleva la sanción a Tirado? “Por supuesto”, respondió la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo.

“Las tenemos –dijo– totalmente libres porque somos vocales independientes”.   Manifiesto del SupremoMaterializar tal declaración de principios no será  fácil. Y así lo demuestra el manifiesto suscrito por un número importante pero no desvelado de magistrados del Tribunal Supremo. Sus firmantes sostienen esto: “Que los órganos disciplinarios del Poder Judicial están obligados a decidir sólo en derecho (...) desatendiendo eventuales demandas sociales o políticas ‘justicialistas’ y de ‘ejemplaridad’ debidas a motivos de oportunidad”.

“Esperamos–añaden– que el CGPJ sepa estar a la altura de su papel institucional”. ¿Estar a la altura significa no endurecer la sanción a Tirado? Ésa es la pregunta que sugiere el comunicado.El Consejo no pidió a los jueces que desconvocaran las juntas de hoy. Pero apeló a su “responsabilidad” para no perjudicar a los ciudadanos.  El CGPJ también se comprometió a “liderar”  las reformas necesarias en la Administración de Justicia , así como a exigir a los poderes públicos que las hagan realidad.