Catalunya activa el botón rojo contra la violencia institucional

BARCELONA.- La lucha contra la tortura y la violencia institucional es una de las tareas más importantes por las que trabaja el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH). El organismo celebró ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sus 15 años de actividad a través de unas jornadas en las que se hizo memoria de su revisión del sistema penal en Catalunya y se lanzaron propuestas para la defensa de los derechos humanos. Asimismo, se presentó el primer mecanismo de denuncia y visibilización de los actos de matrato o tortura ejercidos por funcionarios del Estado (carceleros o agentes de seguridad), ocurridos tanto en centros penitenciarios como en la vía pública.

Puesto que entre el público se hallaban funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, Iñaki Rivera aprovechó para pedir a las autoridades catalanas que permitan la entrada de los profesionales del Observatorio a los centros penitenciarios para “poder escuchar a los reclusos que sufren violencia institucional”. Domingo también se sumó al llamado: “No pararemos hasta que la sociedad civil entre en los centros de internamiento para visibilizar que allí dentro se están produciendo vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas, más allá de la privación de su libertad”. Conxita Bardina, familiar de una persona privada de libertad, confirmó que “las torturas se producen diariamente en las cárceles”. Mariana Huidobro, la madre del acusado por el caso 4F Rodrigo Lanza, también estaba presente en el acto para recordar que su hijo sufrió torturas por parte de los agentes de seguridad y su denuncia fue desestimada por la jueza del caso.

“No pararemos hasta que la sociedad civil entre en los centros de internamiento para ver que allí dentro se están produciendo vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas"

El coordinador para la Prevención y la Denuncia de la Tortura (CPDT), Jorge del Cura, acusó la falta de transparencia de las prisiones en España e informó de que en los últimos 11 años se han registrado 7.500 casos de torturas o maltratos, una cifra que según del Cura está alejada de la realidad por el miedo de las víctimas a denunciar a las autoridades del Estado. El experto avisó de que “entre los profesionales jurídicos hay un desconocimiento total del protocolo de Estambul” y de que debería revisarse el concepto de tortura del Código Penal español -modificado por el PP en 2015- para adaptarlo a los convenios internacionales. “El Estado español es experto en cambiar las calificaciones de actos de tortura en el ordenamiento jurídico, como hace Israel”, defendió.

Contra la penalización de los manteros

El abogado Andrés García Berrio, del Centro Irídia, advirtió a los representantes públicos del peligro de vulnerar los derechos humanos en la vía pública y, en concreto, del colectivo que practica la venta ambulante en Barcelona. “Debemos construir un modelo garantista que sepa adaptarse a las situaciones de los manteros y que no lleve a las administraciones a una recriminalización del top manta”, defendió.