Los funcionarios de la Generalitat de Catalunya recibieron ayer con indignación la concreción de los recortes salariales que el president Artur Mas anunció la semana pasada. El plan de ajuste, encaminado a poder cumplir con el objetivo del 1,3% de déficit a finales de 2012, plantea la suspensión de las oposiciones del año que viene, reducir aún más las plantillas de interinos y congelar la mayoría de complementos salariales que reciben los trabajadores públicos. El plan chocó frontalmente con la oposición de los sindicatos, que consideraron 'una declaración de guerra' el plan que les presentó la secretaria de Administración y Función Pública, Pilar Pifarré.

El paquete consta de ocho medidas de carácter temporal y 11 de ámbito estructural. En cuanto a las temporales, destaca la reducción de las pagas extras de verano y Navidad, la reducción de las plantillas ocupadas por personal interino en servicios no finalistas ni esenciales, la no convocatoria de oposiciones en 2012 y la posibilidad de pedir una excedencia con reserva del puesto de trabajo, el único punto que fue considerado como 'razonable' por los representantes sindicales. Por otra parte, las medidas de carácter estructural incluyen, entre otros, la revisión a la baja de los tickets restaurante y la supresión de días de vacaciones.

El Govern eliminará así gran parte de los complementos salariales de los funcionarios, como son los complementos por niveles de carrera o tramos docentes del personal educativo, el complemento de productividad en el caso de los funcionarios de prisiones o los pluses por objetivos del personal del Institut Català de Salut.

Los miembros de la mesa de negociación de los empleados públicos recibieron la propuesta de ajuste salarial con 'decepción' e 'indignación'. La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Montse Ros, consideró una 'escenificación brutal' y un 'insulto' la mayoría de los ajustes. La representante de CCOO, el sindicato mayoritario dentro del colectivo de empleados públicos, explicó que las medidas 'afectan gravemente' a los salarios, los derechos y la capacidad de trabajo de los profesionales de la Administración. 'Nunca habíamos visto un ataque como este a los trabajadores en democracia', sentenció. 'Entre recortes y congelaciones sucesivas, los empleados que dependen de la Generalitat han sufrido una pérdida del poder adquisitivo que roza el 19% desde 2007', denunció Ros. El sindicato Metges de Catalunya alertó de que los ajustes 'mutilan los derechos sociales' y advirtieron de que las medidas 'encenderán el fuego de la revuelta' entre los profesionales de la salud.

Los sindicatos lamentaron que el Govern no haya cuantificado el impacto económico que tendrán las medidas y mantuvieron que, por tanto, no pueden calcular la pérdida salarial que representa el ajuste. El representante de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), Ricardo Rodilla, criticó que 'la mayoría de las medidas son vaguedades con la intención de dilatar la negociación y evitar una respuesta social de los sindicatos'. Sin embargo, los sindicatos se mostraron dispuestos a escuchar la concreción de estos puntos.

La vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, reafirmó su voluntad de negociar con los sindicatos las propuestas, y se mostró dispuesta a escuchar los cambios que planteen. 'No nos hemos sentado con ninguna voluntad ni ningún acuerdo cerrado, la voluntad es hablar y construir juntos', aseguró Ortega. La vicepresidenta participó en la reunión de ayer durante los primeros 20 minutos, momento en que aprovechó para pedir a todas las partes un esfuerzo para poder llegar a acuerdos.

Hoy se reanudarán las negociaciones. Según fuentes del Departamento de Gobernación, la previsión es que los contactos continúen la próxima semana. La fecha límite para llegar a un acuerdo es a mediados de diciembre, ya que estas medidas deberán estar en los Presupuestos de 2012 y el Gobierno tiene previsto aprobarlos a mediados de este mes.