El cerco a la inmersión reactiva el desapego de Catalunya hacia España

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el Estatut marcó en 2010 un máximo histórico de crispación entre los partidos catalanes y el Estado. Tras la victoria convergente en las elecciones al Parlament, las aguas se calmaron, pero a dos meses de otros comicios, y también como consecuencia de aquel fallo, la mayoría de formaciones catalanas ha recuperado un discurso rupturista.

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que retoma la sentencia del Supremo de diciembre de 2010 y da dos meses a la Generalitat para que cambie su modelo educativo y equipare al castellano como lengua vehicular junto al catalán ha propiciado contundentes reacciones en el arco político. Salvo PP y Ciudadanos, valedores de la supuesta persecución del castellano, todas las fuerzas catalanas expresaron su rechazo.

Duran i Lleida dice que el modelo de inmersión tiene

El cabeza de lista de CiU a las elecciones generales, Josep Antoni Duran i Lleida, lamentó ayer que "la sentencia del Tribunal Supremo ataca el corazón de un sistema educativo que tiene los avales de la Unesco, de la UE y del TC". Duran añadió que el modelo de inmersión lingüística en catalán tiene "el aval de la práctica, de la realidad". El president de Unió insinuó también que el Govern estaría dispuesto a no cumplir la sentencia: "De ninguna manera aceptaremos ningún cambio en el sistema de normalización lingüística que ponga en peligro el catalán. ¡Hasta aquí podíamos llegar!".

En la misma línea se expresó el líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, partidario de aplicar los instrumentos del Estado de derecho para "no acatar la sentencia". Según el dirigente ecosocialista, el modelo e inmersión lingüística que está ahora amenazado es lo que ha permitido que Catalunya haya tenido en los últimos 30 años "un pueblo unido". "El problema no es el modelo, sino la interpretación desviada del Poder Judicial", lamentó.

ERC llama a la sociedad civil

El principal sindicato catalán de maestros llama a no acatar la sentencia

ERC, por su parte, aprobó en su Consejo Nacional por unanimidad una resolución que emplaza a la sociedad civil catalana a movilizarse contra la decisión judicial. Según los republicanos, el auto del TSJC es la "primera afectación directa de la sentencia del TC sobre el Estatut, además contra un aspecto nuclear como es la inmersión lingüística, elogiada internacionalmente como modelo para preservar la lengua y garantizar la integración de las personas recién llegadas". ERC recordó que "todo el alumnado de Catalunya tiene un conocimiento de la lengua castellana igual al que tiene el alumnado de todo el Estado". Frente a este "ataque" a Catalunya, los independentistas recuerdan que "la legislación del Estado es-pañol da un trato discriminatorio hacia el catalán".

El PSC ya manifestó el viernes su apoyo a la posición del Govern en esta materia, y su cabeza de lista en las generales, Carme Chacón, aseguró que defenderá un sistema de inmersión "que ha garantizado la cohesión social y lingüística". En la misma línea, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, recordó ayer que el Constitucional ya ha avalado en una sentencia que el catalán puede ser la lengua vehicular en la enseñanza y minimizó la sentencia del TS explicando que se refiere a un caso concreto tres recursos presentados por padres de alumnos. Y si el Gobierno minimiza el problema, también lo hace el Govern: la vicepresidenta, Joana Ortega, se mostró ayer convencida de que el recurso del Govern solventará la situación.

Solidaritat Catalana per la Independència, ya instó al Govern a declararse "insumiso" y el sindicato mayoritario de los docentes catalanes, USTEC, rechazó el auto e hizo un llamamiento a los profesores a "desobedecer". También las principales patronales de la escuela concertada catalana mostraron su "total apoyo" al modelo de inmersión lingüística.

Desde las dos únicas fuerzas catalanas que se han alineado con el TS, Ciudadanos pedía ayer la dimisión de la ministra de Defensa por defender la inmersión, mientras que el PP ha avanzado que velará por el cumplimiento de la sentencia.