El CGPJ investiga a los jueces del manifiesto

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, no ha podido esperar a volver de Brasil para hacer un reproche público a los 130 jueces firmantes del Manifiesto por una política criminal racional, dado a conocer cuatro días antes de la campaña electoral.

Ayer telefoneó desde la Cumbre Judicial Iberoamericana en la que participa al jefe del Servicio de Inspección del Consejo, José María Gil Sáez, para ordenarle que abriera una información previa a todos los jueces en activo firmantes del escrito en el que se critican las "propuestas hipercriminalizadoras" de los partidos, sin mencionar a ninguno, pero citando expresamente la del PP de rebajar la edad penal a los 12 años. El texto denuncia también que se presente ante la sociedad delincuencia e inmigración como "un binomio inseparable".

En plena campaña

El CGPJ destaca en su nota que los firmantes "valoran y critican propuestas electorales de los partidos políticos en materia de justicia en la fase final de una campaña electoral e involucrándose en ella".

La decisión de Hernando obedece a "su preocupación por el hecho de que los jueces participen de manera abierta y activa en la política y en los procesos electorales, pues compromete gravemente la percepción ciudadana de la imparcialidad política de los jueces, pieza básica de su independencia y garantía institucional para los justiciables".

Fuentes del CGPJ indicaron que es difícil que la información previa acabe en expedientes sancionadores después de que se archivara la abierta contra el juez Baltasar Garzón por la carta en la que mostró públicamente su oposición a la guerra de Irak.

La Comisión Disciplinaria concluyó entonces por tres votos a dos que los jueces tienen la misma libertad de expresión que cualquier ciudadano, salvo si revelan secretos conocidos en el ejercicio de su cargo. Se basó en la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La vocal Monserrat Comas, firmante del manifiesto y miembro de la Disciplinaria, negó ayer que el escrito, promovido por Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, se dirigiera contra el PP. Añade que el escrito no pide directa ni indirectamente el voto para ningún partido político.