El churro envenenado

La repostería de María Emilia Casas, presidenta del Tribunal Constitucional, podría alimentar la idea de que finalmente habrá pasteleo entre todos los magistrados.

Pues no. La presidenta ha presentado su proyecto de sentencia "para la historia" o, mejor dicho, un borrador que todo lo más a lo que puede aspirar es ser una nota a pie de página en este asunto. Porque no va a salir. Y María Emilia lo sabe porque no ha negociado nada con el hombre bisagra, es decir, el magistrado Manuel Aragón, nombrado a propuesta de los socialistas, designación animada por el entonces secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Casas será la magistrada buena con Catalunya y Aragón, el malo

Lo que la presidenta ha presentado, por tanto, es el borrador más favorable al Estatut hasta ahora, lo que ella de verdad querría, pero que por la polarización existente no puede obtener los cinco votos necesarios más su voto de calidad. María Emilia quiere empezar hoy mismo a votar bloque por bloque la constitucionalidad e inconstitucionalidad y que salga lo que sea, según la mayoría de votos que obtenga cada artículo.

Lo más importante: hay acuerdo entre los diez magistrados para sacarse esta losa de encima como máximo a finales de junio. Y aún más: el consenso también se extiende a los votos particulares, que los habrá, pero serán serenos, nada apocalípticos, para no echar leña al fuego.

Pues ya está al caer. María Emilia, eso es al menos lo que pretende el guión, será la magistrada buena con Catalunya y Manuel, el magistrado malo. Pues al ser el hombre bisagra, será quien ejerza el liderazgo decisivo y forme la mayoría ora con los progresistas (Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay, Pascual Sala y María Emilia Casas, al que se añadirá para obtener caso de desempate el voto de calidad de esta última), con conservadores moderados (Guillermo Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas) y conservadores extremos (Javier Delgado, Vicente Conde, Rodríguez Zapata). La constitucionalidad de algunos bloques de artículos saldrá votada por unanimidad mientras que otros serán declarados inconstitucionales por una mayoría, la que se ha de lograr mediante segunda y tercera votación, esta última dirigida a decantar finalmente el resultado. La sentencia, pues, será una foto instantánea de la incapacidad desplegada por el tribunal durante cuatro años para elaborar una sentencia de consenso. Y si a ello se suman esos "serenos" votos particulares, quedarán matizados todos los puntos de vista.

Se espera que el Constitucional sea renovado en julio

Todos los magistrados esperan, al votar y dictar sentencia, que el Tribunal Constitucional sea renovado durante el mes siguiente, es decir, entre el anuncio y el 31 de julio. Habrá que ver si las dificultades para acordar candidatos entre los dos grandes partidos y su nombramiento por algunos parlamentos autonómicos (caso de Galicia, por ejemplo) permite llegar a esa fecha, pero no es imposible.

El churro de la sentencia del Estatut proyectará veneno de igual o mayor potencia que el churro descrito por Durán i Lleida al referirse al decreto ley de reforma laboral, que CiU ha ayudado a peinar, y a dicho proyecto de ley, en cuya tramitación la ayuda convergente será decisiva. Cuatro años después de las elecciones que alumbraron la ofensiva del Estatut, los recortes derivados de la sentencia, que no afectarán sin embargo a una de sus columnas vertebrales (el sistema de financiación), abrirán de facto la campaña electoral autonómica del victimismo 2010. De la ofensiva al victimismo.