CiU y ERC ya esperan un revés del TC

El PP está sometiendo en las últimas horas de nuevo a presión al Tribunal Constitucional. La inequívoca sentencia sobre la consulta de Ibarretxe (que parte de una visión restrictiva de la pluralidad del Estado) ha dado alas a los conservadores para pedir que se actúe con el mismo espíritu y celo ante los recursos contra el Estatut. Los partidos catalanes no aceptan que se vincule una cosa con la otra y discrepan sobre la fecha y el contenido de la sentencia catalana, pero ya trabajan con los escenarios de respuesta.

CiU y ERC, que no gobiernan juntas pero suman mayoría en el Parlament, plantean volver a refrendar el Estatut en las urnas si el Constitucional lo recorta u obliga a hacer una lectura a la baja del texto durante su despliegue. Según un dirigente de CiU el tribunal “está elaborando un cojín de jurispurdencia contra el Estatut” a través de la sentencia contra la consulta vasca.

Los socialistas catalanes, en cambio, asumen que “algo se tocará” pero no dejan de repetir que Catalunya ha seguido las reglas y rechazan ponerse en escenarios de planes B ante un recorte. Sí lo ha hecho el expresident Pasqual Maragall, que coincide con ERC y CiU en la necesidad de volver a convocar a la ciudadanía.

Artur Mas, el líder de CiU, está desde el pasado noviembre subido al carro del derecho a decidir. Durante toda la legislatura (y en un intento de desestabilizar al tripartito) ha llamado a ERC a un “frente común” y propuesto una consulta si hay recorte. Caso que no se realizara se debería, según él, optar por un gobierno de unidad en defensa del Estatut.

Los republicanos, ayer mismo lo recordó su secretario general Joan Ridao, promoverán una consulta en la línea de lo que prevé su ponencia política y de acuerdo con lo que, según ellos, debería permitir la ley de consultas que este otoño empezará a tramitar el Parlament. La ley dejará claro que no puede haber referéndum sin plácet estatal pero dará amplio margen para preguntar.

Diferencias de fondo 

El PSC se limita a afirmar que si hay afectación de puntos sensibles del texto será necesario conseguir el despliegue mediante la legislación estatal. Tampoco cabe descartar otras iniciativas legales como la posibilidad de que, en un gesto de afirmación política y “desafío” al Constitucional, Montilla acceda a que el Parlament vuelva a aprobar el Estatut que se juzga ahora en Madrid.

Ayer, el secretario general de Unió, Josep Maria Pelegrí, endureció el tono contra el TC dejando atrás su habitual moderación y exigió al PP que deje de “intoxicar”. El líder del PP, Mariano Rajoy, se sumó a las tesis Soraya Sáenz de Santamaría para afirmar que lo lógico sería que la sentencia sobre Ibarretxe “tenga trascendencia en decisiones futuras” que debe tomar el TC. Según él el tribunal “debería evitar apartarse de su doctrina”. El líder del PP recordó que el tribunal sostiene que la relación entre el Estado y una comunidad no es “entre entes iguales”, cargando así contra la bilateralidad que consagra el Estatut.

Más explícito fue el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, al denunciar  en una entrevista en La Razón que el TC hace ya cinco meses que está en situación de emitir una sentencia pero que la retrasa por intereses espurios. El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, fue cauto e instó a no sacar “conclusiones apresuradas”. Pero en Catalunya es difícil no hacerlo.

 

Los puntos clave de un Estatut pactado y votado

 Lengua, igualdad plena. Un punto básico del texto (quizás el más potente a nivel ‘identitario’) es la igualdad entre catalán y castellano. La Constitución fija la obligación de conocer el castellano y el derecho en relación al catalán.

Nación, el valor de un preámbulo. El Parlament fijó en el articulado del texto que “Catalunya es una nación”. En el Congreso se diluyó llevándolo al preámbulo y con un redactado ambiguo pero el TC afirmó el jueves que la nación española es “única e indivisible”.

Infraestructuras, el déficit histórico. Mecanismos bilaterales al margen (que también generan suspicacias) el texto catalán reserva para Catalunya una inversión en infraestructuras idéntica a su peso en el PIB estatal durante siete años. Se corrige así parcialmente un déficit histórico pero se condicionan las cuentas del Estado, que son cosa del Congreso.