Ciudadanía abre un cisma entre los católicos

El pretendido “único discurso” católico a favor de la objeción de conciencia frente a Educación para la Ciudadanía esconde detrás el intento de silenciar otras posturas que, desde una visión cristiana de la educación, abordan la enseñanza de la asignatura conforme a la ley.

Hasta hace poco, los sectores más conservadores del catolicismo, amparados por parte del Episcopado, señalaban la objeción como única salida ante la “intolerable injerencia del Estado” en la educación de los hijos. En el otro lado de la balanza, la FERE –mayoritaria en la escuela concertada y que optó por impartir la materia, adecuándola al ideario cristiano de sus centros–, que fue y es objeto de todo tipo de acusaciones por parte de los defensores de la objeción.

Los colegios católicos sólo tuvieron el apoyo de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), cuyo presidente, Alejandro Fernández Barrajón, declaró este martes que las congregaciones “quieren caminar de la mano de FERE” y su apuesta por “la escucha y el diálogo”.

Primeros enfrentamientos

Los primeros enfrentamientos entre los sectores más críticos con Educación para la Ciudadanía comenzaron a visibilizarse este verano, cuando la web paginasdigital.es, promovida por Comunión y Liberación, abría un debate sobre “la fórmula más adecuada, desde el punto de vista jurídico, para hacer frente a esta asignatura”.

El movimiento católico recogía el análisis de Manuel Martínez de Aguirre, fiscal del Tribunal Supremo, quien aconsejaba a los padres que no objetaran la asignatura, sino que denunciaran sus “adoctrinamientos concretos”. Lo que no estaba reñido con la participación de sus hijos en las clases, al menos hasta que el Tribunal Supremo emita un fallo definitivo.

La virulenta reacción vino de la mano del portavoz de la plataforma Hazteoir.org (principal impulsora de la objeción) y primer padre objetor de España, Alejandro Campoy, quien en un artículo (escrito “a título personal”, como aclaró posteriormente) acusó a Comunión y Liberación de “mantener una actitud directamente miserable”, pidiéndoles “que, simplemente, se callen y nos dejen en paz”.

Cursos para docentes

Con la apertura del nuevo curso escolar, y mientras los grupos más conservadores insistían en la objeción de conciencia, varias instituciones católicas comenzaron a abrir otras vías. De este modo, universidades y centros docentes anunciaron la celebración de congresos y cursos, especialmente destinados a los profesores que habrían de impartir la materia.
“Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con la asignatura”, aclararon a Público responsables de estos cursos, “sino que hay que cumplir la ley y, al tiempo, formar adecuadamente a los profesores”.

FERE fue la primera institución en organizar cursos para el profesorado de Ciudadanía, con el objetivo de “dotarles de las herramientas necesarias para que la integren de forma coherente dentro del proyecto educativo y la impartan de acuerdo al carácter propio”, apuntó Irene Arrimadas, del departamento pedagógico.

Opus y Legionarios

Por su parte, la Universidad de Navarra, adscrita al Opus Dei, organizaba la pasada semana unas jornadas dirigidas a docentes, con el objetivo de “adaptar el material ofrecido a la asignatura en su totalidad, y desarrollarlo pensando en sus respectivos alumnos”, explicaba Alfredo Cruz, director del curso.

Incluso en las instituciones de marcado carácter conservador, la aplicación de la ley ha acabado por imponerse. Así, la Universidad “Francisco de Vitoria” (de los Legionarios de Cristo) ha planteado un “manual para el profesor” titulado Educación para el Ser. Un modelo que, según sus autores, “se configura como una alternativa para Educación para la Ciudadanía conforme a los postulados cristianos”.

Finalmente, una asociación denominada Universidad 2015, gestionada por varios profesores de la San Pablo-CEU, organiza en un instituto de Madrid varias Jornadas sobre EpC respetando el ideario católico de los centros. Proponen enseñar a impartir la asignatura preservando el ideario católico. Por ello, insisten, “creemos que una buena preparación ética de los profesores y un buen conocimiento de las leyes modificará la asignatura transmutando los contenidos ideológicos y convirtiéndolos en lo que tienen que ser: contenidos éticos”.