Los ciudadanos ven más corruptas las autonomías que los consistorios

Pretoria, Gürtel, Palma Arena o Bomsai son algunos de los nombres de los principales casos de presunta corrupción política a nivel autonómico que salpican a diferentes partidos. A punto de iniciarse la carrera electoral (este otoño se celebrarán elecciones en Catalunya y los comicios municipales y autonómicos tendrán lugar en la primavera de 2011) cabe preguntarse cómo perciben los ciudadanos esta lluvia de investigaciones policiales y procesos judiciales, y si se traducirá en un castigo electoral para los alcaldes y gobiernos autonómicos salpicados por prácticas ilegales.

No hay duda de que la opinión pública siente que la corrupción se ha instalado en la España de las autonomías más que en los ayuntamientos, donde ha estallado un mayor número de escándalos. El último barómetro autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es contundente. Los ciudadanos de 16 comunidades creen que la corrupción política está más extendida en el ámbito autonómico que en el local. Sólo se libra Extremadura, donde tienen esa percepción el 35,7% de los extremeños, mientras que un 44,6% aprecia que la corrupción está muy avanzada en los ayuntamientos.

Los extremeños perciben la política de su comunidad como la más íntegra

Preguntados también por si existen más casos de corrupción en su comunidad que en otras, los ciudadanos de Illes Balears, la Comunitat Valenciana y Madrid observan que es así. Estas tres autonomías, que coinciden con las más afectadas por casos de presuntas irregularidades, encabezan la clasificación con un 31,5%, un 25% y un 22,3%, respectivamente. En el extremo contrario se sitúan los encuestados de Navarra, Asturias y Extremadura. El 44,1% de los navarros, el 52,6% de los asturianos y el 53,4% de los extremeños tienen la sensación de que en sus comunidades hay menos casos de corrupción que en las otras autonomías.

Comunidades excepcionales

Para los vecinos de las Illes Balears, el fenómeno de la corrupción está más extendido en su archipiélago que en las otras comunidades de España. Nueve de cada diez tienen la sensación de que la corrupción política afecta más a las autonomías que al Gobierno central. El 87,8% de los ciudadanos consultados afirma que aprecian altos niveles de corrupción en las comunidades. Un porcentaje que se reduce ligeramente en el ámbito nacional, hasta el 85,8%, y en el local, hasta el 76,9%.

"La repercusión mediática", dice Jiménez, influye en la clasificación

El caso Palma Arena, en el que está imputado el ex president del Govern Jaume Matas y cuya investigación se inició en 2008, y otra docena de causas abiertas retumban en las islas. El hecho de que Matas no vuelva a ser candidato, explica el politólogo de la Universidad de Nueva York Pablo Fernández-Vázquez, hace "más probable que no haya castigo". La razón, señala, es que pese a la relevancia electoral del caso Palma Arena, "el protagonista del escándalo, Jaume Matas, no parece que vaya a volver a presentarse". Sin embargo, queda por ver cómo repercute la corrupción en Unió Mallorquina, desterrados del gobierno por su implicación en varios casos.

Para el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, que lleva años analizando el fenómeno de la corrupción y denunciándolo, no hay duda de que "la repercusión mediática" tiene que ver con este ránking y con el primer lugar que ocupa Baleares. Ahora bien, se muestra sorprendido de que la percepción de la corrupción local sea la más baja en la comparativa de los tres niveles, sin tener en cuenta dónde se han destapado los escándalos.

En Extremadura se da otra peculiaridad. Según los extremeños, la política autonómica es el ámbito donde menos extendida está la corrupción. Sólo cuatro de cada diez encuestados perciben que la política de las comunidades está muy corrompida muy por debajo de lo que aprecian en los otros niveles de la Administración, y un 32,6% sostiene que lo está poco o nada. Incluso un 53,4% de los ciudadanos afirma que existen menos casos vinculados a delitos de cargos públicos en Extremadura que en las otras comunidades. Poco más de una decena de alcaldes y ex ediles extremeños están siendo investigados por ello.

Fernández-Vázquez: "El Gürtel' podría suponer un castigo electoral"

A la hora de valorar la actuación del presidente de la Comunidad, Guillermo Fernández Vara, y su Gobierno, los extremeños les colocan en muy buena posición. El 54,6% de los consultados aprueban su labor al frente del Ejecutivo y un 34,4% califica su gestión como buena.

Sesgo partidista y exigencia

De los estudios que está realizando sobre estas prácticas, el profesor Jiménez afirma que "ese nivel de percepción se puede explicar, al cruzar con el recuerdo de voto, porque el sesgo partidista afecta en el nivel nacional, pero no en el local". También añade que es más fácil que se produzca ese sesgo "fijándose en una única institución como es el Gobierno de España que atendiendo a 17 gobiernos autonómicos o a más de 8.000 ayuntamientos". Fernández-Vázquez expone un argumento que, en parte, puede explicar el comportamiento de los ciudadanos respecto a la corrupción en las comunidades: "Dado que esa administración [la autonómcia] es más relevante que la local, en la medida en que tiene capacidad de decisión sobre cuestiones de mayor calado, el votante tiene incentivos para ser más exigente y menos condescendiente" con los presidentes envueltos en escándalos de corrupción.

Las mayoría de las autonomías coinciden en situar el ámbito de su comunidad como el segundo espacio público más corrupto. Jiménez analiza además la percepción que tienen los ciudadanos sobre su comunidad combinándola con la pregunta del CIS sobre si existen más o menos casos que en el resto. La lectura que hace es que " Illes Balearss, la Comunitat Valenciana y la de Madrid son las peor percibidas" en materia de corrupción y en ello tiene que ver con que "son las más afectadas por los escándalos de corrupción". En el extremo contrario, donde se sitúan Extremadura, Asturias y Navarra, Jiménez apunta que la causa de esta menor visibilidad de la corrupción puede estar relacionada con "la dispersión geográfica" o con las relaciones de confianza entre la clase política y sus representados. En algunos casos, señala, estas pueden ser clientelares.

Las que ven más corruptas

"El mapa es muy triste y preocupante; la corrupción no tiene efectos electorales a corto plazo pero socava los fundamentos de la democracia y da pie al populismo", explica Jiménez. Los expertos consultados coinciden en negar los efectos electorales inmediatos de la percepción de la corrupción, como ocurrió durante las pasadas elecciones municipales. Sin embargo, algunos creen que casos como el Gürtel se dejarán sentir en las próximas elecciones autonómicas en Madrid y la Comunitat Valenciana, dos de las autonomías que sus ciudadanos perciben como más corruptas.

Illes Balears es la primera en el ránking autonómico por corrupción

El politólogo Manuel Villoria afirma que estos escándalos "afectan algo a la imagen de los presidentes autonómicos. Podrían tener algún efecto en Francisco Camps y Esperanza Aguirre". Lo cierto es que los madrileños castigan a la presidenta al calificar su actuación. En el último barómetro autonómico, el 49,5% de los encuestados desaprueban su actuación y el 40,1% cree que su gestión es mala o muy mala. En 2005, sólo eran tan críticos el 26,8%. Esta situación es parecida a la que atraviesa Francisco Camps en la Comunitat Valenciana: un 40% de los encuestados le suspende por su labor al frente de la Generalitat y el 29,1% censura su actuación en 2010, frente al 11,2% de cinco años atrás.

El catedrático de Derecho Constitucional Juan María Bilbao también cree que "una pequeña factura les va a pasar". En esta línea, Fernández-Vázquez señala que, en principio, "el caso Gürtel es el que podría dar lugar a un mayor castigo electoral, por su publicidad y por la existencia de indicios sobre la connivencia" entre políticos y empresarios. No obstante, a la vista de sus investigaciones sobre los efectos electorales de la corrupción en el ámbito local, y las muestras de apoyo que conservan los alcaldes vinculados a prácticas corruptas, tiene sus dudas.

Mención aparte requieren, según Fernández-Vázquez, Catalunya y el caso Pretoria. "Parece afectar a altos cargos de varios partidos, pero a nadie de primer nivel de la administración actual. El mensaje que transmite es el de todos son iguales".

Según Villoria, "el voto muy ideológico" hace que se vote al corrupto

Efectos desiguales

Una merma en el apoyo electoral no implica una derrota en las urnas, recuerdan los expertos consultados. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca Rafael Bustos explica una de las razones: "La corrupción política, que es la negación de la democracia porque significa que los políticos toman las decisiones en función de su propio interés, no genera trasvase de votos sino desapego de la democracia". Principalmente, porque se vuelve a instalar en la memoria colectiva "la idea de que todos los políticos son iguales, que la gente se quede en casa", subraya. Lo cierto es que los ciudadanos sí perciben diferencias. Según un estudio del CIS de abril de 2010, un 76,7% de los encuestados creía que el PP estaba implicado en casos de corrupción frente al 43,4% del PP.

Bustos distingue los escándalos de la corrupción. En el primer escenario, "los partidos políticos cierran filas y se cohesiona al electorado". Es cuando se habla de persecuciones y conspiraciones. El cambio se produce cuando avanzan las investigaciones, y "el partido tiene que acabar tomando decisiones antes de que le pase factura". Ahora bien, recuerda Bustos, el actor principal ahí es el partido, que es "el que debe adoptar medidas con rapidez". Entre ellas, un posible cambio de candidato.

"Los partidos cierran filas ante los escándalos" explica Rafael Bustos

Sin embargo, esto no es lo más frecuente porque las formaciones políticas salpicadas con casos de corrupción no perciben un efecto inmediato. "Si hubiera un castigo electoral claro, tendría un efecto muy disuasorio", afirma Bustos.

De momento, lo que aprecian los expertos es que la gente sigue votando a los políticos aunque estén acusados de corrupción. El factor que explica este comportamiento, señala el catedrático Manuel Villoria, es que "en España el voto es muy ideológico, unido a que el 70% de los españoles creen que todos los partidos iguales".

¿Alternativa?

Las ilegalidades son más visibles en Illes Balears, Madrid y Valencia

Con estas premisas y sin una clara alternativa en la oposición que genere más confianza, "seguirán votando al mismo". En este escenario, Villoria distingue entre la actuación ética y la racional de los partidos que no se replantearán cambiar al candidato "si le garantiza una mayoría suficiente". Bilbao hace una doble crítica a "la falta de voluntad política de los partidos en la lucha contra la corrupción, porque creen que no tiene coste electoral" y a la poca "firmeza de los ciudadanos, por no castigar en las urnas a los corruptos". Bustos lo relaciona con la "falta de cultura democrática en España" y reclama transparencia como antídoto a estas prácticas. Esta, según Villoria, "ayuda a luchar contra la corrupción. Pero se tienen que dar dos circunstancias: que haya prensa libre como hay en España, y ciudadanos formados para analizar la información".

La percepción como medición más fiable

Indicador real. Actividad clandestina

Dado el carácter secreto y oculto de las prácticas corruptas, en las que priman los intereses de los políticos por encima del de los ciudadanos, la percepción es uno de los indicadores más fiables. "No miden el nivel de corrupción, pero ayuda a hacerlo", explica Fernando Jiménez.

Origen. Los focos de la corrupción

El urbanismo y la financiación de partidos son los dos principales factores que explican este fenómeno en la política. Rafael Bustos añade dos elementos que inciden directamente, "la falta de cultura democrática y de transparencia".

Controles. Antes y después

Los expertos sostienen que la transparencia es el mejor mecanismo de control previo. Cuanto mayor es, menos posibilidades hay de actuar ilegalmente. Juan María Bilbao apunta también otros instrumentos de control como la Fiscalía Anticorrupción, "que funciona bien", y el Tribunal de Cuentas.

Efectos y Riesgos. En el medio plazo

Los políticos y los partidos no reciben un castigo electoral inmediato. La corrupción, dicen los politólogos, no restan votos. Ahora bien, provoca mayores niveles de desconfianza en las instituciones, en los políticos y en el sistema democrático. El distanciamiento de los ciudadanos de la política supone abrir una puerta a los populismos.  

Castigo incompleto en los municipios

Con 8.812 municipios y más de un centenar de escándalos de ediles relacionados, principalmente, con delitos urbanísticos, los politólogos se muestran sorprendidos de que estos comportamientos sean menos visibles en el ámbito local que en el autonómico. Pero se mantienen firmes en que la corrupción no tiene un coste electoral relevante para sus responsables.

En las elecciones municipales de 2007, el 60% de los casi 170 alcaldes acusados por presunta corrupción que se presentaron a la reelección fueron nuevamente elegidos, según el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria. Un ejemplo, el del alcalde de Alhaurín (Málaga), del PP. Con los resultados de 2007, Pablo Fernández-Vázquez y Gonzalo Rivero han analizado "Las consecuencias electorales de la corrupción, 2003-2007". Su trabajo, que aparecerá en la serie "Estudios de Progreso" de la Fundación Alternativas, llega a la conclusión de que "los partidos afectados por la corrupción no obtienen peores resultados que aquellos que no han sido objeto de sospechas". El mensaje es, claramente, pesimista: "Los ciudadanos parecen ser indiferentes respecto a las sospechas fundadas sobre la honradez de los alcaldes". Villoria admite que es "bastante generalizado en todo el mundo" que los electores sigan votando a alcaldes acusados por corrupción, aunque en 2007 se apreció una ligera pérdida apoyos. Según Fernando Jiménez, "los escándalos no se traducen directamente en menos votos porque los ciudadanos descuentan cierta información negativa". En el caso español, detalla, "el descuento es más fácil porque la valoración que hacen de la clase política es muy baja".