Los centros acreditados para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) del País Valencià 'se ven obligados' a cesar su actividad a partir del lunes 24 de septiembre. Según la Asociación de Clínicas Acreditas (ACAI), la culpa la tienen los impagos de la Consejería de Sanidad, que ascienden ya a casi 600.000 euros.

A consecuencia de esta deuda, 'los trabajadores de los centros llevan cuatro meses sin cobrar y hasta seis, en el caso de algunos proveedores', ha explicado a Público el vocal de ACAI por Valencia, Josep Lluis Carbonell, quien insiste en que 'la asfixia económica' que sufren los centros 'está poniendo en peligro los servicios de calidad que prestan'. El 80% de su actividad proviene de la sanidad pública valenciana, por lo que ACAI también denuncia 'la política de austeridad y recortes' que está llevando a cabo la Administración.

El cese de la actividad de estos centros, que durará hasta el próximo día 30 para decidir luego si se prolonga o no, afectará sólo a la prestación sanitaria de aborto provocado, antes y después de las 14 semanas. Los centros que cesan su actividad son Mediterránea Médica de Valencia y Castellón y Deiá Médica de Valencia. El paro afectará, en total, a cerca 100 mujeres, según los cálculos de ACAI.

Los centros han anunciado que mantendrán servicios mínimos para atender a 'las usuarias que se encuentren en el límite de la interrupción por voluntad propia (14 semanas), y a aquellas mujeres que, afectadas por patología fetal, puedan llegar a superar las 22 semanas (límite legal)'. La única clínica que realiza interrupciones de alto riesgo y de más de 14 semanas de gestación en el País Valencià, Mediterránea Médica, alarga el paro hasta el próximo 7 de octubre.

Por otra parte, la reforma de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Justicia es, para Carbonell, 'una aberración democrática'. El hecho de que se excluya la patología fetal como supuesto de aborto es 'una regresión pre-franquista', remata el portavoz de ACAI Valencia.