La semana ha sido difícil en lo que a las relaciones entre el Estado y la Generalitat se refiere. El lunes las enfrentadas posturas sobre el nuevo modelo de financiación no se movieron ni un ápice. El martes, en Madrid, se cerraron cinco traspasos menores y se expresó el malestar catalán por la poca diligencia en el despliegue del Estatut. El miércoles, la situación se tomó un respiro en la comisión bilateral Estado-Generalitat, que presidieron el conseller Joan Saura y la ministra Elena Salgado.

En una larga reunión se acordó el traspaso de la Inspección de Trabajo al Govern (debería ser una realidad en junio de 2009) y se abrieron cuatro ponencias para llevar a cabo otros pequeños traspasos (titulaciones pesqueras y registro de embarcaciones, titularidad de las bibliotecas provinciales, gestión del registro de multiplex y seguros escolares). Sobre la Inspección de Trabajo se debatía hace tiempo y ha encontrado escollos en CCOO y UGT, contrarios a su descentralización.

En lo que no hay acuerdo es en Cercanías de Renfe, un traspaso al que aspira el Govern. No se ha tratado aún ni su dotación de medios económicos y materiales pese a que Zapatero afirmó en un debate en las Cortes que el traspaso se llevaría a cabo el pasado 1 de enero. Salgado afirmó que el Gobierno había hecho una propuesta que lo haría posible el 1 de enero de 2009. Saura la rechazó por un desacuerdo “político”.

Preguntada sobre la indolencia para desplegar el Estatut la ministra afirmó tajante que “no por repetirlo se lleva más razón”. El Govern libró una propuesta para que, de acuerdo con lo pactado en el Estatut, se inviertan 35.000 millones en infraestructuras hasta el año 2013.

CiU se confesó “estupefacta” ante la complacencia de Saura. Mientras, Joan Ridao, de ERC, se entrevistó con Zapatero y diagnosticó “un cuadro patológico” de deslealtad. Fuentes del Gobierno aseguraron ser “leales” con el Estatut.