El concierto de las enseñanzas de Bachillerato la vieja aspiración de los centros de enseñanza privados en España tendría un coste aproximado de 250 millones de euros para el Estado. Cada año, el número de alumnos que estudia la Secundaria en centros concertados y pasa a públicos para estudiar el Bachillerato ronda los 30.000. Si estos estudiantes permanecieran en sus centros concertados los dos años de Bachillerato, estos centros ganarían por tanto, 60.000 alumnos. Un estudio de la Federación de Enseñanza de CCOO calcula que el coste a las arcas públicas por concertar esas plazas sería ligeramente inferior a los 5.100 euros anuales por alumno que se gasta de media a partir de la ESO. Aplicando una serie de variables, CCOO redondea el gasto público en estos conciertos en 250 millones.

"Promoveremos un Bachillerato de tres años, con el objetivo de mejorar la preparación de los futuros universitarios y elevar el nivel cultural medio". Desde que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desveló su intención en su discurso de investidura del 19 de diciembre, las alarmas de la comunidad educativa de la escuela pública se activaron. Más allá de la posibilidad de que se amplíen los conciertos, según los planes prelectorales del PP, el tercer año del Bachillerato no busca que los alumnos entren más tarde a la universidad, con 19 años, sino que lo empiecen con 15 años.

"Transformar el 4º de ESO en 1º de Bachillerato supondrá un lío descomunal. Es cierto que sólo hay cinco países europeos con un Bachillerato de dos años, pero entre los que lo tienen de tres es mayoritario el que alarga la Secundaria hasta los 19 años", explica Juan Martínez, del Gabinete de Estudios de la Federación de Enseñanza de CCOO. Según su informe Extensión del Bachillerato: Análisis y Valoración, el Bachillerato propuesto por Rajoy, de 15 a 18 años, sólo está en vigor en Francia, Grecia, Irlanda y Portugal.

El 10% de alumnos va de la privada a la pública al terminar la ESO Según la reforma educativa que ya avanzó el PP el 18 de enero de 2010 en Toledo (durante las negociaciones por el pacto educativo), los alumnos terminarían la Secundaria en 3º de ESO, a los 15 años, y la escolaridad obligatoria se mantendría hasta los 16 años. Por tanto, comenzarían una nueva etapa en su último año de permanencia obligatoria en el sistema. El objetivo parece evidente: conseguir enganchar a los jóvenes antes de que abandonen el sistema. Un 30% de los alumnos deja de estudiar después de completar la etapa obligatoria.

Martínez señala en el informe que un 75% de los colegios que tienen concertada la Secundaria no tiene capacidad para impartir Bachillerato. La transformación del 4º de ESO en 1º de Bachillerato supondría el aumento de un 10% de la carga lectiva. "Esto choca con la realidad de los actuales recortes y con la limitación legal a las reposiciones de plantilla (un máximo de un 30% para 2012)", añade.

Las estadísticas del Ministerio de Educación muestran un trasvase de un 10% de alumnos de la privada a la pública cuando terminan la ESO. En Secundaria, los centros públicos escolarizan al 65,9% de los 1,7 millones de alumnos. Después, en Bachillerato y Formación Profesional (FP) de grado medio (un millón de alumnos aproximadamente) el porcentaje de estudiantes en la pública es del 75,8% en Bachillerato y el 77,3% en FP. Si el Bachillerato en la privada estuviera sufragado por los impuestos, como pretenden las patronales de la enseñanza privada, ese 10 % se quedaría en su centro privado.

El País Valencià es la única autonomía que ha concertado esta etapa La ampliación del Bachillerato ha formado parte de la discusión desde que la LOGSEcreó la ESO y el Bachillerato. En la comunidad educativa hay consenso en que la preparación de los alumnos a su llegada a la universidad es insuficiente. Los sindicatos proponer ampliar el Bachillerato hasta los 19 años dejando intacta la Secundaria común para todos los jóvenes hasta los 15 años. "El coste aproximado de la ampliación de un curso del Bachillerato actual hasta los 19 años sería algo superior a los 1.300 millones de euros", advierte el informe de CCOO.

Concertar la etapa pos-obligatoria y gratuita ha estado encima de la mesa de negociación de cada ley educativa en las últimas décadas. Desde que se crearon los conciertos educativos en 1985 para sustituir a las subvenciones, se limitó a la enseñanza obligatoria el pago de fondos públicos a centros privados. Hasta hoy, sólo se han permitido conciertos en Bachillerato a aquellos colegios que ya recibían subvención, pero no se permite crear nuevos conciertos.

La LOE de 2006 lo dice así: "Los centros privados que, a la entrada en vigor de la presente Ley, tengan concertadas las enseñanzas postobligatorias, mantendrán el concierto para las enseñanzas equivalentes". Todas las autonomías, incluso las más partidarias de la gestión privada, han respetado la premisa. Salvo la Generalitat Valenciana que invirtió, en 2010, 22 millones en conciertos en Bachillerato para centros que tenían concertada la ESO.

Los padres y sindicatos valencianos se han mostrado en contra de ampliar los conciertos al Bachillerato, que cuesta más de 600 millones anuales a la Generalitat y no benefician a las cooperativas. Las juntas de personal docente de las tres provincias valencianas han instando a la Conselleria al inicio de curso a retirar los conciertos en Bachillerato. "Si hay plazas de sobra en la pública para qué duplicar y malgastar el dinero", lamenta Marc Candela, del sindicato Stepv.

El coste aproximado de un alumno de Secundaria es de 5.100 euros anuales "Ni siquiera Madrid, que amplió 800 unidades (aulas) de conciertos en 2011 y otras 700 para 2012, ha abierto ese camino", detalla Martínez. Un plan que aspirase a concertar la educación de los 175.967 alumnos que estudian Bachillerato en centros privados tendrían un coste de 1.239 millones.

Según los portavoces de educación del PP, defender los conciertos es defender la libertad de elección de las familias. "Si yo decido ir a trabajar cada mañana en helicóptero, que el Estado me pague la gasolina. ¿No se trata de tener libertad para elegir?", criticó al respecto en una entrevista con este diario el exministro de Educación socialista José María Maravall, principal ideólogo de los conciertos educativos en 1985.