El País Valencià será pionero en la implantación de un programa para rehabilitar a conductores condenados más de una vez por circular ebrios. La Fiscalía General del Estado dará la posibilidad de conmutar la condena de cárcel a estos conductores reincidentes si se someten a un proceso de deshabituación controlado por el Ministerio Fiscal.

Así lo anunció ayer el fiscal de la Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, antes de participar en el cuarto Congreso Internacional de Prevención de Riegos en los Comportamientos Viales (Precovir), donde explicó que ya se ha firmado el protocolo a escala nacional y que espera que 'en seguida se firme también a nivel autonómico', informa Europa Press. El proyecto pretende 'recuperar a los infractores' y promover su reinserción social, explicó Vargas. De hecho, hay dos perfiles concretos que la Fiscalía pretende abordar: los consumidores crónicos y los bebedores habituales 'que empiezan a perder el control'. Aun así, Vargas incidió en que los 'más peligrosos' son los bebedores sociales, personas de todos los estratos sociales que habitualmente consumen alcohol y 'difícilmente dejan de coger el coche y pierden el control'.

De este modo, bajo la coordinación del propio Vargas y, en segundo término, de la fiscal general de Valencia, Teresa Gisbert, el programa seleccionará a los infractores reincidentes susceptibles de acogerse al proyecto y les propondrá el cambio de la pena de cárcel por la deshabituación. Se trata de 'una medida simbólica' para facilitar su reinserción y 'prevenir' nuevos accidentes, en lugar de aplicar la ley una vez ocurren. 'La prisión no sirve siempre', añadió Vargas.

Aunque la obligación del fiscal es aplicar la ley cuando se ha producido la infracción, su objetivo 'no es la condena, sino prevenir esos comportamientos', indicó Vargas, que recordó que, desde la entrada en vigor de la reforma del Código Penal en 2008, se han producido en España más de 200.000 condenas por delitos contra la seguridad del tráfico. 'Se trata de una cifra que llama la atención en Europa, pero de la que no me enorgullezco', confesó el fiscal. De esas condenas, entre 300 y 500 han acabado en cárcel, aunque 'son casos de multirreincidentes por delitos muy graves', puntualizó. Respecto a la incidencia del consumo de alcohol, que está detrás de un tercio de las muertes por accidentes de tráfico, Vargas precisó que cada año las estancias judiciales tramitan unas 40.000 o 50.000 denuncias.

Vargas afirmó también que los delitos de tráfico suponen casi un 50% de las causas que se ven en cualquier juzgado de guardia del país y que un tercio de los escritos de acusación lo son por la delincuencia vial.

Además de las denuncias contra conductores particulares, Vargas destacó que la Fiscalía también ha iniciado diligencias contra funcionarios de la Administración, en cumplimiento del artículo 385 del Código Penal. Eso sucede cuando un poder público 'sabe que existe un punto negro y, pudiendo solucionarlo, no adopta medidas para arreglar el problema'. 'La ley todos tenemos que cumplirla', advirtió el fiscal.