Confluencia de intereses opuestos

El pasado 4 de mayo me encontré en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en Bilbao, declarando en el caso Ibarretxe. Para mi sorpresa, fui citado como testigo a propuesta del juez que instruía el caso, Roberto Saiz.

Era sorprendente también que las preguntas que me hacía el juez parecían más dirigidas a un perito que da su opinión y valoración que a un testigo que pueda aportar el conocimiento de los hechos. Muchas se referían a lo que yo pudiera considerar como izquierda abertzale y a si Arnaldo Otegi actuaba como dirigente de Batasuna.

Las preguntas más concretas se referían a una información que publiqué en el diario El Mundo y reiteradamente tuve que contestar a algo tan obvio como si el presidente del Gobierno dirigía personalmente el proceso de paz y si conoció y autorizó la reunión de Patxi López y Rodolfo Ares con Otegi. Incluyó también referencias al control y conocimiento que el ministro del Interior pudiera tener de los contactos con los dirigentes de Batasuna. Obviamente, respondí lo que Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba han admitido siempre: que ellos dirigían todos los pasos.

Por elevación

Por su insistencia, salí convencido de dos cosas: que Ibarretxe, López y Ares se sentarían irremediablemente en el banquillo y que se quería tirar por elevación hacia los responsables del proceso de paz. Esto último tiene la lógica indiscutible de que si es delito hacer algo, en este caso reunirse con alguien, lo será también autorizarlo u ordenarlo.

Esa lógica sólo choca con el hecho de que si el juez hubiera tirado por elevación habría perdido el caso en favor del Tribunal Supremo. Este tribunal, además, tiene reiterada jurisprudencia que descarta que sea delito reunirse con ETA para buscar la paz. Lo avaló en sentencia el pasado 7 de diciembre de 2006.

Ahora Juan José Ibarretxe tira también por elevación con una lógica similar, con interés opuesto, pero confluyente. Trata de aumentar su victimismo en lo político y defenderse en lo procesal.

Su lógica, al convertir el juicio en un acto político, es que los ex presidentes del Gobierno y el resto de testigos propuestos deben explicar que ordenaron reuniones con Batasuna y hasta con la banda terrorista ETA y que nadie les perseguió penalmente.