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El Congreso aprueba la Ley de Memoria Histórica

La novedad, que los símbolos franquistas en edificios de la Iglesia no tendrán que ser retirados si concurren razones artístico-religiosas protegidas por ley

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El proyecto de ley por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura franquista ha quedado aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos salvo el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya.

La Ley de Memoria histórica pasará al Senado después de ser negociado y enmendado en la Cámara Baja por el PSOE, IU-ICV, CiU, PNV y los partidos integrados en el Grupo Mixto, pero con el firme rechazo de PP y ERC.

En el debate en Pleno, que ha concluido con aplausos de los diputados socialistas, sólo ha prosperado una enmienda de CiU, transaccionada por el PSOE, por la que se indulta a los símbolos de exaltación del franquismo cuando se den motivos 'artísticos religiosos', que no tendrán que ser retirados en aplicación de esta ley.

Retirada de símbolos 

Este apartado se ha añadido al artículo dedicado a los símbolos y monumentos, que mandata a las administraciones públicas a tomar las medidas oportunas para la retirada de los que supongan una exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil o la represión.

El redactado anterior implicaba que este apartado no sería de aplicación cuando las menciones de exaltación sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas o arquitectónicas, y no mencionaba los motivos religiosos.

En el este artículo relativo a simbología, durante el trámite de ponencia ya se había introducido la posibilidad de que las administraciones públicas retiren las subvenciones o ayudas a propietarios privados que mantengan escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones que conmemoren o exalten la dictadura.

Tras su tramitación en el Congreso de los Diputados, el proyecto presentado por el Gobierno ha sufrido modificaciones pactadas por el PSOE, IU-ICV, CiU y PNV, especialmente en lo relativo a las penas y sanciones de carácter personal impuestas por motivos políticos e ideológicos durante la Guerra Civil y la dictadura.

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