Escaño o despacho. Es la máxima a la que se han adherido ya ocho de las once formaciones representadas en el Congreso para pedir una reforma legal que endurezca el régimen de incompatibilidades que se aplica a diputados y senadores. El PSOE se sumó ayer a esta mayoría. Su portavoz, José Antonio Alonso, defendió que el Parlamento aplique la regulación de las incompatibilidades de forma 'estricta' y no 'indiscriminada' como ocurre en la actualidad.

El Grupo Socialista incluye esta recomendación en su respuesta a la petición de los presidentes del Congreso y el Senado para reformar el régimen de incompatibilidades, pensiones y transparencia de los parlamentarios. José Bono y Javier Rojo adoptaron esta iniciativa después de que el PP denunciase supuestos 'privilegios' entre los diputados. Ahora, una mayoría de partidos (PSOE, PNV, ERC, IU, ICV, CC, BNG y Na Bai) han rebasado con sus planteamientos la queja inicial de los conservadores. Estos no han hecho público sus criterios, igual que CiU y UPN.

Alonso pide aplicar incompatibilidades de manera estricta y no 'indiscriminada'

'El cargo de parlamentario se debe ejercer en dedicación absoluta, tal y como determinan las leyes', defiende en su carta a Bono el portavoz socialista. En ella reclama que 'el Parlamento, a través de sus instancias competentes, aplique el régimen de incompatibilidades del modo más estricto y exigente'. Para endurecer el sistema, Alonso plantea que se usen como criterio para autorizar a un parlamentario a realizar una segunda actividad 'las rentas que se vayan a percibir en la actividad que se pretende compatible y el tiempo estimado de dedicación a la misma'.

De momento es sólo una propuesta política. De aplicarse, esta restricción haría incompatible el trabajo de diputado o senador con los despachos profesionales, de asesoría financiera o legal, que mantienen activos algunos parlamentarios, gracias a la relajada lectura que el Parlamento hace del mandato de 'dedicación absoluta' que recoge la ley.

Alonso pidió ayer una 'interpretación estricta y contundente' del régimen de incompatibilidades 'para que los ciudadanos tengan la plena seguridad de que los parlamentarios se dedican a la tarea para la que han sido elegidos'.

PP, CiU y UPN no aclaran públicamente sus recomendaciones

El resto de grupos que apoyan el mismo endurecimiento de las incompatibilidades argumentan razones muy similares. PNV y CC señalan incompatible también el escaño con la actividad privada, 'con la sola excepción de la gestión del patrimonio personal o familiar', concreta el Grupo Vasco.

Igual postura defienden ERC, IU e ICV, que piden que el trabajo parlamentario sólo sea compatible con actividades privadas que 'devengan del ejercicio del cargo, tal y como conferencias, tertulias, mesas redondas, cursos puntuales o publicaciones'. BNG, UPyD y NaBai emplean formulaciones diferentes para trasladar la misma recomendación.

Por el contrario, el PP ha omitido hasta ahora cualquier referencia a este capítulo en las intenciones esbozadas por su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría. Los conservadores son partidarios de mantener el actual régimen de incompatibilidades, según trasladan en privado algunos de sus diputados, aunque su grupo ha optado por no dar a conocer sus recomendaciones en este punto.

En cuanto al resto de reformas planteadas por Bono y Rojo, la publicidad de los bienes patrimoniales de los parlamentarios y la modificación de su reglamento de pensiones, la respuesta del Grupo Socialista se convierte, junto a la de Na Bai, en la más ambiciosa, al extender ambos partidos la petición de transparencia al entorno familiar del parlamentario.

Para acabar con la opacidad que protege en la actualidad las rentas y el patrimonio de diputados y senadores, Alonso recomienda la 'publicación plena de las rentas e ingresos obtenidos por cualquier concepto, así como del patrimonio preciso y participaciones en sociedades o personas jurídicas, de cualquier tipo' de los parlamentarios y de su unidad familiar; es decir, del cónyuge y familiares a cargo.

La única restricción que incorpora el PSOE es la salvaguarda de 'datos circunstanciales cuya revelación pudiera afectar a la seguridad personal de los interesados'.

'Queremos una transparencia absoluta de la situación patrimonial y las rentas de los diputados', argumentó Alonso para 'reivindicar la dignidad del trabajo parlamentario y trasladar confianza a los ciudadanos'.

Ningún grupo se ha opuesto hasta ahora a hacer público el patrimonio de los diputados, aunque hay dos diferencias sustanciales en las propuestas planteadas a Bono. Así, el PP pretende su 'armonización' con los datos que la ley obliga a hacer públicos a los miembros del Gobierno: la simple suma de sus bienes, incluyendo inmuebles, y de su pasivo (préstamos e hipotecas), sin más detalle. Los conservadores plantean, de esta manera, que los diputados y senadores puedan mantener privacidad sobre sus ingresos, en contraste con la postura trasladada por la mayoría de formaciones.

En cuanto al complemento de pensiones que tienen derecho a percibir los ex parlamentarios que acreditan más de siete años en su escaño cuando se jubilan, el PSOE propone su eliminación, aunque plantea que, 'en los casos en que la función representativa haya impactado negativamente en la carrera de cotización del parlamentario, se deben adoptar medidas precisas para que ello no le suponga perjuicio alguno desde el punto de vista de la cotización o el paro'.